Guillermo Westreicher Hgwestreicher@diariogestion.com.pe
El Complejo Metalúrgico de La Oroya sigue esperando el reinicio de sus operaciones, luego de tres años de paralización. En medio de esta expectativa, la abogada del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Rosario Patiño, nos detalla los pormenores de la situación de Doe Run a raíz de su liquidación.
¿Por qué no fue aceptado el plan de restructuración de Doe Run?La Junta (de Acreedores) escuchó a la consultora contratada, Apoyo, que determinó que el plan tal como estaba presentado no era viable, en la parte ambiental y –principalmente- en la financiera. Si el plan no era aprobado, entonces Indecopi procedería a la liquidación . Previendo esto, la Junta decidió una liquidación en marcha.
¿Qué implica la liquidación en marcha?Significa que las operaciones van a continuar tal y como están. Esto es importante porque justamente están tratando de magnificar el tema como si se fuera a cerrar la empresa y botar a los trabajadores. Ese es el discurso político, es el engaño que se está dando para exacerbar los ánimos. Doe Run igual había pedido treinta días para reiniciar las operaciones; es decir, la situación hubiese sido la misma. Los trabajadores permanecerán en sus puestos de trabajo y la empresa seguirá con sus operaciones.
¿Por qué el plan de Doe Run no era viable en la parte financiera?Un plan de reestructuración debe incluir el financiamiento e informar sobre las operaciones y los proveedores de concentrados. El capital estaba asegurado en 200 millones de dólare: 135 millones de dólares eran de Glencore y el resto correspondía a la matriz. Sin embargo, el monto no iba a ser suficiente para poner en operación la planta cumpliendo con las normas medioambientales.
¿Cuánto tendría que invertir un nuevo operador y cuándo se reiniciarían las operaciones?Tendría que invertir el doble de lo que ha planteó Doe Run (200 millones). Las operaciones comenzarían aproximadamente en 30 meses, así como estimó la empresa. Los señores de Apoyo también consideraron que era un plazo razonable.
Doe Run planteaba que el Estado pagara por los daños medioambientales. ¿Esto fue determinante?La matriz exigió al Estado Peruano cumplir con varias condiciones para otorgar el financiamiento, entre las cuales estaba el asumir las demandas por responsabilidad ambiental de forma ilimitada. Esto correspondía a una relación entre la matriz y el Estado y no tiene nada que ver con los acreedores ni con el MEM. Sin embargo, aún sin tomar en cuenta esas condiciones, el plan no tenía financiamiento y por ello no se pudo aprobar. El 65% de los acreedores votó en contra. Los únicos que querían que se aprobara eran Doe Run y los trabajadores.
¿La licitación se podrá dar sin la construcción de la planta de ácido sulfúrico?El proceso de liquidación en marcha actual supone que continúen las operaciones en la mina Cobriza, mientras que el complejo metalúrgico está parado, hasta que esté completa la planta de ácido sulfúrico.
¿Se licitará la mina junto con el complejo metalúrgico? ¿Cuál sería la modalidad?Esa decisión aún no está adoptada. Se va a asignar un liquidador y se suscribirá un convenio de licitación. Sin embargo, en un lapso de treinta días incluso se puede revertir el proceso de liquidación en marcha y aprobar una reestructuración.
Entonces, ¿Doe Run puede presentar un nuevo plan de reestructuración?Si deciden presentan un plan la junta lo evaluará y tomará una decisión.
¿Cuál es el plazo que tendría para presentar este nuevo plan?Si tienen treinta días para firmar el convenio de liquidación entenderíamos que ese es el plazo.
¿Cuál será la función del liquidador?El liquidador asumirá la administración, evaluará la situación y continuará en el mando hasta determinar si vale la pena contratar a un nuevo operador o transferir la empresa.
¿Qué requisitos deberá cumplir el nuevo operador?Tendrá que cumplir con las normas ambientales y construir la planta de ácido sulfúrico que es el último proyecto que falta, y es el que permite que el complejo pueda funcionar sin contaminar o con los límites básicos permisibles. El Estado ha dicho que se debe garantizar el derecho a las normas medioambientales, el 1000% del trabajo de quienes laboran en Doe Run y un desarrollo sostenible para la zona.