Aún persiste la invasión de los terrenos de Las Bambas por parte de la comunidad de Huancuire, que ya lleva 20 días ocupando ilegalmente parte del tajo Chalcobamba, que forma parte de la mina ubicada en la región Apurímac, alertó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Angela Grossheim, directora ejecutiva del gremio, explicó que el 14 de abril, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron diversas áreas de Las Bambas, lo que obligó a la paralización total de las actividades productivas de la tercera productora de cobre del país.
Tras condenar los violentos hechos de violencia, que se registraron en los últimos días en Las Bambas, donde fueron atacados trabajadores y policías, así como se destruyeron equipos y maquinarias, Grossheim -precisó- que el 27 de abril sólo se retiraron de los terrenos invadidos los comuneros de Fuerabamba tras la intervención policial.
En ese contexto, alertó que todavía se encuentra invadido parte de los terrenos del tajo Chalcobamba por alrededor de 150 comuneros de Huancuire, quienes han cerrado todos los accesos con maquinaria pesada y camiones.
“Hoy se cumplen 20 días de la ocupación ilegal de los terrenos y los comuneros rechazan todos los canales de diálogo. No es la primera vez que los pobladores de Huancuire invaden el tajo Chalcobamba, porque desde junio del 2021 lo han venido haciendo de forma sistemática”, comentó.
Esta actitud de la comunidad de Huancuire -subrayó- causa extrañeza, pues 285 de sus pobladores trabajan en distintas actividades productivas de la mina e incluso las empresas comunales han facturado a MMG Las Bambas más de 50 millones de soles en servicios de construcción, abastecimiento, entre otros.
“MMG Las Bambas ha invertido más de 232 millones de soles en Huancuire en la adquisición de terrenos y la ejecución de proyectos y compromisos sociales, mostrándose siempre a colaborar con el desarrollo de la comunidad”, citó.
La representante de la SNMPE dijo que es dramática la situación que afrontan los más de 8 mil trabajadores y proveedores de Las Bambas, que por esta medida de fuerza corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo, porque bajo estas condiciones de arbitrariedad e inseguridad es imposible que la mina pueda reanudar sus operaciones.
El impacto de la paralización de Las Bambas -reiteró- significa que el Perú deja de percibir al día, 5.2 millones de soles por canon y regalías, así como otros US$ 9.2 millones por exportaciones de cobre, y además afecta a 75,000 familias que se benefician de puestos de trabajo inducidos por la presencia de Las Bambas.
Finalmente, Grossheim expresó su preocupación por que de manera reiterada se viene quebrando el Estado de Derecho y el principio de autoridad por parte de grupos que mediante la violencia buscan frustrar el desarrollo del país y atentan contra el derecho al trabajo y de vivir en paz que tienen todos los peruanos.
“Invocamos a que se dejen de lado posiciones extremas y violentistas; y que todo proceso de diálogo entre el Estado, las comunidades y empresas debe darse sin condiciones y de manera transparente”, enfatizó.
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