Estado debe más de S/ 100 millones a clínicas privadas por atender asegurados del SIS y EsSalud, según ACP

El Estado mantiene actualmente una deuda que supera los S/ 100 millones con las clínicas privadas por la atención que recibieron los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro Social de Salud (EsSalud), así lo indicó el gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Hernán Ramos. Hasta antes de la pandemia del COVID-19, la deuda excedía los S/80 millones.

Durante su participación en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, Ramos señaló que el gran problema de la salud en el Perú es el financiamiento público.

“La gran discusión no debe ir por el monto que cobran las clínicas respecto a una atención en salud, sino por quién es el responsable de pagar por esa atención o cómo se financia para que más peruanos tengan acceso a servicios de salud en la oportunidad que lo requieran, (...) siendo el acceso a la salud un derecho humano fundamental, en un contexto en el que el Estado no está siendo efectivo”, dijo.

El representante de las clínicas detalló que, si bien hoy el Estado brinda un aseguramiento, a través del SIS, para todos los ciudadanos que no cuentan con una cobertura en salud, “vemos que es insuficiente a nivel de cobertura en procedimientos médicos y farmacias. Y lo que es peor, termina siendo ineficiente para atender las condiciones de salud de los peruanos que lo necesitan”, comentó.

“A través de un estudio realizado por la Digemid en 2021, sabemos que el gasto de bolsillo en salud creció, llegando a los S/ 11,000 millones para 2019, de los cuales el 69% corresponde a asegurados del SIS o EsSalud que no logran tener una atención completa. Ello sucede porque el financiamiento de estos sistemas es insuficiente. (...) El SIS tiene alrededor de 24 millones de asegurados y asigna aproximadamente S/ 95 por asegurado al año”, puntualizó.

SIS no cubre la atención integral

Además, el representante de la ACP sostuvo que los fondos del SIS no cubren ni siquiera la atención integral de sus asegurados en los propios hospitales públicos, porque muchas veces los hacen comprar sus insumos y medicamentos en farmacias fuera del hospital.

Ramos también refirió que la ciudadanía se enfrenta a un segundo gran problema, ya que el Estado tiene una brecha muy grande en infraestructura de servicios de salud, por lo que una gran parte de la población no puede acceder a servicios de salud públicos, teniendo que recurrir a las atenciones privadas.

Al respecto, señaló que esta problemática se agudizó con la pandemia, cuando los hospitales estuvieron saturados. En ese sentido, indicó que, en un hospital público, un ciudadano que necesita del servicio médico tiene que superar una larga cola de espera, “incluso meses” hasta que haya disponibilidad del servicio.

“Aquí se presenta una primera gran controversia porque no es justo que un ciudadano no pueda acceder a un servicio de salud si no tiene los recursos económicos para pagar por dicho servicio en un establecimiento privado; en ese caso, el Estado es el llamado a garantizar el acceso a los servicios de salud de todos los ciudadanos”, explicó.

Ramos detalló que, en la práctica, esta situación no se cumple ni siquiera en las atenciones de emergencia que brindaron los establecimientos privados de salud a asegurados del SIS y de EsSalud. “Es decir, el Estado se desentiende en pagar por la atención de sus propios pacientes’', aseguró el ejecutivo, quien añadió: “Hasta antes de la pandemia el Estado le debía a las clínicas privadas más de S/ 80 millones por haber atendido a asegurados del SIS y EsSalud”.

Regulación inteligente

El gerente de la ACP precisó que una segunda preocupación del Estado debería ser la de asegurar la calidad y seguridad en el manejo de los pacientes, debido a que en el Perú hay cerca de 8,000 establecimientos privados de salud, muchos de los cuales se preocupan por acreditar sus servicios con estándares internacionales, invierten en equipamiento e innovación.

“Pero no todos los establecimientos actúan de la misma manera; estamos hablando de un importante número de establecimientos de salud privados que están en la informalidad y que nadie los controla ni regula, con graves consecuencias en la salud y vida de quienes se atienden en ellos”, comentó.

Frente a ese panorama, el directivo señaló que desde la asociación se vienen desarrollando propuestas de regulación.

“Es falso que se diga que el sector privado no quiere ser regulado; nosotros consideramos que la regulación es importante en un sector tan delicado como en el que estamos, pero de manera inteligente y que nos permita innovar en servicios” acotó.

Por otro lado, manifestó que hay espacios donde no hay regulación; por ejemplo, los servicios médicos de apoyo al diagnóstico como los laboratorios o los centros donde hacen un cateterismo inclusive sin médicos, a los cuales nadie controla.

Norma confiscatoria

En otro momento de su intervención, el ejecutivo de la ACP se refirió al Decreto Supremo Nº 006-2022-SA, aprobado en mayo de este año, el cual señala que, en una situación de emergencia sanitaria, el Estado puede confiscar bienes de establecimientos de salud privados para ponerlos a disposición de los establecimientos públicos.

“El problema de brecha en infraestructura en salud que tiene el Estado no se resuelve con una norma que confisca equipos del privado para llevarlos al público; la solución pasa por comprar equipos si el Estado no los tiene, pasa por desarrollar su infraestructura pública para atender las necesidades de salud que tiene la ciudadanía” puntualizó.

Finalmente, brindó la mayor disposición por parte del gremio que representa para trabajar mesas técnicas junto con las autoridades de Salud, para encontrar soluciones conjuntas en favor de ampliar la cobertura de los servicios de salud en el país.

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