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Los inversionistas de Petróleo Brasileiro SA excluidos del acuerdo de US$ 2,950 millones en Estados Unidos en el caso de corrupción “Lava Jato” se unieron a una acción colectiva en los Países Bajos, donde la petrolera brasileña no ha logrado que se desestime la demanda por motivos de procedimiento.
La Stichting Petrobras Compensation Foundation (SPCF), demandante en la querella, ha agrupado a inversionistas fuera de Estados Unidos que perdieron dinero cuando las acciones y los bonos de Petrobras se hundieron a raíz de una extensa investigación por sobornos y corrupción conocida como Operación Lava Jato, que comenzó en el 2014.
“Tenemos muchos inversionistas de Brasil, institucionales y muchos inversionistas minoristas, y habrá más inversionistas que se pasarán a nuestro lado”, según Adam Foulke, vicepresidente sénior de ISAF Management, que coopera con la fundación para identificar a los inversionistas elegibles para el litigio en los Países Bajos.
Si bien ISAF no puede identificar a quienes se han inscrito debido a acuerdos de no divulgación, Foulke dijo que más de 100 grandes grupos de inversión se han unido, y que pueden seguir haciéndolo hasta que haya una sentencia o un acuerdo.
“Se trata de inversionistas institucionales sobre los que Bloomberg informa todos los días”, dijo Foulke, quien agregó que ISAF comenzó a ofrecer la inscripción en línea en junio y desde entonces ha habido un aumento.
Petrobras dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que fue víctima de acciones de ejecutivos corruptos en el esquema, que ha cooperado con las autoridades y continuará defendiéndose en los Países Bajos.
SPCF planea presentar su próximo escrito este mes, en el que argumentará que el productor de petróleo violó las leyes locales en los seis países fuera de Estados Unidos en los que hay acciones disponibles, no solo en los Países Bajos.
En mayo, ganó un importante sentencia en el Tribunal de Distrito de Róterdam que le dio legitimación para demandar a Petrobras en los Países Bajos. Petrobras dijo que seguirá defendiéndose durante la fase de mérito del caso.
La demanda colectiva se presentó por primera vez en el 2017 y ha caído en gran medida fuera del radar de los inversionistas, a pesar de que SPCF podría representar a más accionistas y tenedores de bonos que la acción colectiva estadounidense que se resolvió en el 2018.
En el caso estadounidense, los daños totales se estimaron en más de US$ 10,000 millones, lo que significa que los daños totales en el caso holandés podrían llegar a US$ 15,000 millones, según cálculos de Battea Class Action Services, que está trabajando con SPCF para procesar la elegibilidad de los inversionistas.
“Llevamos esto en nombre de una clase ausente”, dijo Flip Wijers, de Lemstra Van der Korst, el bufete de abogados que representa a SPCF. “Identificamos a las víctimas de la caída de las acciones y del precio de los bonos tras el fraude Lava Jato”.
En el marco de la Operación Lava Jato, ejecutivos corruptos de Petrobras aceptaban sobornos de contratistas y se repartían las ganancias con los benefactores políticos que los ayudaron a conseguir los trabajos.
Las revelaciones enviaron a la cárcel a altos directivos de la petrolera estatal, líderes empresariales y políticos en lo que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de Brasil. La investigación impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva presentarse a las elecciones del 2018.
Wijers espera que se tarde alrededor de un año en emitir un dictamen sobre lo que se conoce como sentencia declaratoria.
En su comunicado, Petrobras dijo que cualquier dictamen de la sentencia declaratoria no implicaría un pago monetario, incluso si pierde, y eso solo podría perseguirse a través de un litigio posterior.