A propósito de los deficientes servicios de las distribuidoras eléctricas estatales, ¿se deben privatizar?

-Interrupciones-

Dos de los indicadores más importantes para medir la calidad del servicio de las empresas de distribución eléctrica son el SAIFI (frecuencia media de interrupción del servicio por usuario) y el SAIDI (duración media de interrupción por usuario). De ambos, el SAIDI es el más significativo, pues el objetivo principal es que la duración de los cortes de luz sea cada vez menor. El desempeño de cada empresa distribuidora es monitoreado por Osinergmin.

Si diferenciamos las compañías según su propiedad, solo Luz del Sur, que cubre 65 distritos de Lima Metropolitana, Huarochirí y Cañete; Enel Generación (antes Edelnor), que opera en 52 distritos en el norte de Lima Metropolitana, El Callao, Huaura, Huaral, Baranca y Oyón; y Electro Dunas, que abastece a provincias de Ica, Huancavelica y Ayacucho, son empresas privadas.

De acuerdo con información del regulador, estas tres tienen una participación cercana al 60% en el mercado del sistema eléctrico. Así, el 40% restante es cubierto por empresas estatales.

"Creo que en distribución eléctrica debemos avanzar hacia un esquema de privatización. En este segmento no hay ninguna razón para tener empresas públicas", considera Leonie Roca, presidenta de AFIN.

Las empresas que tienen mejor desempeño en el SAIDI y el SAIFI, salvo pocas excepciones, son las tres privadas (ver cuadro). ¿Cómo mejorar el servicio para las zonas abastecidas por la mayoría de empresas estatales?

-Viabilidad-

La última experiencia de privatización de empresas de distribución eléctrica ocurrió hacia fines de los 90. Por entonces, se agrupó en un holding a las compañías Electro Norte (Ensa), Electro Nor Oeste (Enosa), Hidrandina y Electro Centro bajo el Grupo Distriluz. Luego se puso a la venta.

El holding fue adquirido por el Grupo Gloria, que posteriormente, en el 2001, decidió devolver las empresas al Estado. Gestión trató de comunicarse con el Grupo Distriluz para comentar el desempeño actual de las compañías que agrupa y que volvieron, y permanecen, a ser propiedad estatal, sin obtener respuesta al cierre de esta nota.

Desde aquella operación fracasada, no se ha vuelto a intentar una operación de este tipo.

"Lo cierto es que, con lo poco que tienen las distribuidoras estatales, han hecho honestamente un gran esfuerzo y un buen trabajo. Sería injusto negarlo" considera Anthony Laub, socio director de Laub & Quijandría.

En efecto, de acuerdo con la información de Osinergmin, la gran mayoría de estas empresas públicas han mostrado importantes mejoras en el SAIFI y el SAIDI desde el 2014 al día de hoy.

Sin embargo, Laub considera que ya llegaron al límite. "Más allá de eso es difícil que puedan mejorar. Pensar en privatizarlas sería lo ideal", aunque reconoce que sería poco viable políticamente.

-Los problemas-

"Las distribuidoras estatales se caracterizan por tener un servicio inferior a las privadas. Y su principal problema es la falta de inversión", afirma Javier Matos, socio de Matos & Asociados.

Según información de Osinergmin, el 2018 Enel Distribución, Luz del Sur y Electro Dunas invirtieron S/ 932.7 millones, mientras que todas las estatales que se encuentran bajo el ámbito del Fonafe solo gastaron S/ 460 millones, es decir, menos de la mitad que las privadas.

De igual manera, en el 2017 y 2018, las inversiones de las empresas del Fonafe descendieron en 3.6% y 13.5%, respectivamente, luego de varios años de continuo crecimiento. En particular, en el 2018, las empresas que menos invirtieron fueron Electro Centro (-58%), Electro Norte (-63%) y Electro Sur (-29%).

El regulador indica que, según lo mencionado en los reportes anuales, los principales motivos que explican esto son retrasos en la ejecución de obras de ampliación y proyectos.

Matos señala que el principal problema de estos retrasos radica en que las compañías, al estar bajo el Fonafe, están sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado. "Esto complica mucho los procesos", indica.

No solo eso. Otro cuello de botella es la dificultad de las compañías estatales para conseguir endeudamiento de largo plazo que les permita financiar grandes obras. Además, las empresas están obligadas a justificar sus inversiones dentro de los marcos regulatorios para luego realizar licitaciones y adjudicar contratos.

Estimaciones indican que este proceso puede tomar un año y medio, sin contar la ejecución de las obras.

-Propuestas-

Ante las dificultades de un proceso de privatización, existen soluciones intermedias que podrían optimizar el servicio de las compañías distribuidoras estatales.

Laub señala que, para contar con empresas más eficientes, estas deberían agruparse. En este negocio, para que las compañías operen mejor, requieren masa crítica de usuarios. Por encima de los 350,000 usuarios se empieza a lograr economías de escala. Aglutinar compañías para alcanzar este volumen de clientes también sería útil en el eventual caso que se considere nuevamente la privatización, pues serían más atractivas para los inversionistas.

Matos señala que se debe transformar totalmente el gobierno corporativo de las compañías de distribución eléctrica estatales. "Hoy no tienen una gestión con foco empresarial. Se requiere un gobierno, por ejemplo, donde todos los directores sean independientes", indica.

Para Laub un camino útil sería concesionar las empresas a privados, pues de esta manera no cambia la propiedad de las mismas y se obtiene el beneficio de una operación y mantenimiento de mejor calidad. Esto no incrementaría necesariamente las tarifas.

"Si se concesiona la administración o la operación del activo a un privado este buscará mayores eficiencias. Entonces, quien tome el control de una de las empresas para administrarla, lo que va a buscar justamente es reducir el costo al mínimo para generar un mayor espacio para su propio beneficio, señala.