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La Contraloría emitió un Informe Previo por el Programa Reactiva Perú al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el que se realiza una serie de pedidos y modificaciones para una mayor efectividad del programa.
De esta manera, piden que se incorporen restricciones a las empresas vinculadas a las entidades del sistema financiero, solicitando que se priorice el otorgamiento de préstamos a aquellas empresas que presentan mayor riesgo de rotura en su cadena de pagos.
Por otro lado, la Contraloría sostiene que resulta necesita que, en la segunda etapa del Programa Reactiva Perú, el MEF en un marco de seguimiento y mejora, coordine con el Ministerio de Trabajo para que se incorpore restricciones para la aplicación de la Suspensión Perfecta de Labores (SPL), a la cual podrían acogerse algunas empresas beneficiarias de los créditos garantizados, una vez que reciben los recursos.
"Lo que podría afectar el cumplimiento del objetivo, alcance y propósito para el que ha sido diseñado", sostienen en su informe.
Control fiscal
Por otro lado, la Contraloría indica al MEF que debe tener en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal, en relación al establecimiento de las metas fiscales.
"Evaluar cuál es el nivel de deuda sostenible en el nuevo entorno y cuáles son las políticas de ingresos y gastos consistentes con ese nivel de deuda, teniendo en consideración que se necesitará de un mayor espacio fiscal para cubrir la demanda del sistema de salud", afirman.
De la misma manera, piden que se realice el monitoreo de las garantías e incluirlas en el próximo Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, que se presenta en agosto.
Más recursos para mypes
Por otro lado, la Contraloría sostiene que el MEF y el Banco Central de Reserva (BCR) deben valorar la necesidad de ampliar el programa, priorizando el financiamiento a las microempresas.
Para ello, consideran necesario que se establezcan, por ejemplo, subastas segmentadas con la finalidad de incrementar el tramo de 98% de garantías, asignándoles un mínimo de 8% (6% de la ampliación, más el 2% del saldo remanente de la primera etapa de Reactiva Perú), como parte de la ampliación de la garantía.
Sobre las empresas cuestionadas
La Contraloría también sostiene que Cofide debe disponer de medidas inmediatas para realizar acciones de supervisión y fiscalización efectiva que le permita velar por el cumplimiento del requisito establecidos en el DL 1455, sobre las empresas que son elegibles como beneficiarias de Reactiva Perú, y que excluye a las empresas comprendidas en la Ley 30737, por los casos de corrupción y delitos conexos.
De esta manera, al amparo del Reglamento Operativo del Programa de Reactiva, la Contraloría pide al MEF que establezca a partir de qué evento o hito del proceso debe intervenir Cofide.
Además, la Contraloría realiza algunas acotaciones sobre la elegibilidad como que no se considere elegible a las personas o empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.