Contraloría: Inconclusa carretera Arequipa - La Joya generó pérdidas por S/ 86 millones

La Contraloría General de la República detectó que las obras de la inconclusa carretera Arequipa – La Joya habría generado pérdidas al Estado por más de S/ 86 millones. En su último boletín de gestión y control da cuenta de los errores, omisiones y negligencias que causaron un perjuicio millonario en un obra trunca.

Esta data del año 2005, cuando el Gobierno Regional de Arequipa decidió construir la citada autopista para descongestionar el tránsito de la variante de Uchumayo. Con esta idea se convocó a una iniciativa privada para entregar en concesión la carretera, entregándose a un único postor la obra invirtiendo US$ 30 millones a cambio de la concesión por 30 años.

Entre las primeras irregularidades, la Controlaría detectó que el concesionario no acreditó solvencia económica ni capacidad técnica ni empresarial. Esto ocasionó que no presentará el estudio de factibilidad a nivel de ingeniería básica, el estudio definitivo a nivel de ingeniería detallada y el estudio de impacto ambiental.

Ante esta situación se vende la concesión a un tercero que pagó medio millón de dólares al concesionario saliente. Este nuevo operador tampoco logró el financiamiento requerido, asumiendo el Gobierno Regional de Arequipa mayores responsabilidades, se cambia el contrato de autofinanciada y está instancia aporta US$ 36 millones, asumiendo la elaboración del expediente técnico.

En setiembre del 2009, el concesionario presentó un nuevo perfil técnico subiendo el costo a US$ 82 millones, 250% más que la cantidad inicial. Aun así, la ejecución no prosperó. El desacuerdo entre el gobierno regional de Arequipa y el concesionario devino en un arbitraje. La autoridad ganó, pero el laudo nunca se ejecutó. Los incumplimientos siguieron hasta setiembre de 2010, que se acordó la resolución de contrato y se reconoció al concesionario con S/ 7.4 millones de indemnización.

El Consejo Regional de Arequipa acordó hacer la obra por administración directa. Sin embargo, hay evidencia de que desde mayo 2010, antes del acuerdo, el gobierno regional estuvo ejecutando la obra. De manera irregular, financia nuevos estudios, invierte en compra de maquinaria, adquirió insumos, realizó transacciones no reguladas, llegando hasta el cierre y liquidación de la obra en marzo del 2013.

Contraloría determinó que parte de los fondos que corresponderían a la obra fueron canalizados irregularmente a gasto corriente (pagos de planillas y otros). Un nuevo proyecto declarado viable por el GR Arequipa generó un costo adicional superior a los S/ 590 millones. Se construyeron 16.65 kilómetros de un total de 41 kilómetros.