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El Congreso aprobó ayer -con 84 votos a favor en primera votación y exonerándola de la segunda votación- el proyecto ley que “establece medidas” para asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y superior, en situación de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecte la vida de la nación.
En concreto, la norma contempla una serie de medidas excepcionales -en el marco del estado de emergencia- entre ellas, el control de precios de las matrículas y pensiones por parte del Estado de las escuelas privadas, las que están establecidos en sus artículos 8, 10 y 11.
Para la vocera de la Alianza de Escuelas Privadas -que agrupa a 2,000 escuelas privadas a nivel nacional- Adri Bertolotti, la propuesta normativa es inconstitucional y obliga a los centros educativos a eliminar -como un elemento a tomar en cuenta para establecer la pensión mensual- gastos como el costo alquiler del inmueble en la que presta el servicio el centro educativo; la seguridad y vigilancia del local y hasta servicios básicos de internet, agua, luz y telefonía.
En concreto, la ley aprobada prohíbe que tenga incidencia en la pensión cualquier servicio que no se encuentre estrictamente vinculado con la educación no presencial.
“Es hasta cierto modo ilógico, ya que si yo -como centro educativo- pierdo el local del colegio por falta de paga, pierdo también la autorización otorgado por el Minedu para operar. Los congresistas no se han puesto a pensar que el proyecto de ley va en contra de la continuidad de los estudios en la educación básica”, acotó a Gestión.
La vocera -añadió- que si bien por efecto de la pandemia la educación es virtual, ello no implica que existan ciertos gastos en la que se están incurriendo como de servicios básicos.
“Servicios como luz y agua no han desaparecido y lo seguimos pagando cada mes. Incluso estamos pagando el servicio de internet de los maestros para que lo tengan en sus casas. Incluso una norma emitida por el Minedu permitió que los profesores vayan a los colegios para que dicten clases desde el mismo local -usando su servicio de internet-, pero ya no vamos a cobrarlo en la pensión”.
Lo mismo ocurre -mencionó- con el servicio de seguridad ya que hay equipos de computo u otros al interior de los centros educativos que se deben cuidar. En esa línea, indicó que la principal preocupación de su sector -tras aprobarse esta normas- es cómo continuar brindando el servicio educativo y pagar obligaciones como el sueldo de los maestros y personal administrativo.
“La pensiones por efecto de la pandemia se han reducido hasta en 30% -en algunos casos- por lo que la principal preocupación es cómo continuar brindando el servicio sino vamos a recibir lo que necesitamos para pagar/cumplir con nuestras obligaciones”, puntualizó.
-Acuerdo con padres de familia-
Otro parte de la norma aprobada señala que mientras los colegios no acuerden con los padres de familia sobre el monto de pensiones a pagarse durante el año, no se podrán imponer pensiones de manera unilateral.
Al respecto, la representante de la Alianza de Escuelas Privadas dijo que esta situación genera una nueva tensión con los padres de familia que ya no existían debido a ya se llegó a un acuerdo para el 2021.
“Puede llegarse al punto en que los padres de familias no estén de acuerdo con los pensiones planteadas, con lo cual los colegios no van a poder cobrar. ¿Cómo se paga la planilla? tomando en cuenta que el 85% de las pensiones va al pago de los sueldos de los maestros”.
La norma también establece que los colegios privados deberán guardar la vacante por 180 días de los estudiantes que se trasladen a otro centro educativo, lo que también -dice Bertolotti- perjudica la operatividad de la escuela.
Ante ello, agregó que si esta ley se promulga por insistencia, lo que va a generar es el cierre de más de 3,000 centros educativos privados, siendo uno de los sectores más golpeados la educación inicial. Tomando en cuenta que en este sector, el 90% de los colegios están en locales alquilados y muchos han cerrado a raíz de la pandemia.
“Este servicio podría desaparecer también generaría un alto nivel de desempleo de maestros ante el quiebre de colegios, sobre todo de los sectores vulnerables como C y D. Afecta muchísimo a las familias que viven de la educación básica privada”, indicó.
Nota:
- Cerca del 60% de colegios privados han mantenido las pensiones ajustadas del 2020 para este año.
- Algunos colegios han optado por un incremento de las pensiones para este año que no ha pasado del 6%.
- La morosidad bordea el 40%.
- El servicio educativo se va volver insostenible de promulgarse esta norma, refiere la vocera de la Alianza de Escuelas Privadas
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