Compliance: El reto anticorrupción es para empresas grandes y pequeñas

En el último día que tenía de plazo para las facultades delegadas (el 6 de enero de 2017) el gobierno de PPK publicó un decreto legislativo que ampliaba la responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Se amplió a más delitos tipificados en el Código Penal, delitos de lavado de activos y otros relacionados a minería ilegal y crimen organizado.

Se trató del decreto legislativo 1352 que modifica los artículos de la Ley N° 30424 que ya regulaba la responsabilidad administrativa de las empresas, pero solo por el delito de cohecho activo transnacional.

No obstante, una norma similar ya se aplica en Chile desde el 2009. En ese país, la Ley N° 20393 establecía la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y fue promovida para que ese país pueda ingresar a la OCDE, en el gobierno de Michelle Bachellet.

La experta Susana Sierra, socia de BH Compliance, conversó con Gestión sobre la implementación y efectividad de esta norma en su país. "El cambio no fue debido a la ley. En Chile, hasta que no empezaron a ocurrir casos (en 2013), daba lo mismo que esta existiera. Por eso acá [en Perú] tienen un escenario fértil para que efectivamente se tome en cuenta la ley", dijo.

Uno de los primeros casos que rebotó en medios de comunicación fue el de la empresa La Polar, que realizó manipulaciones contables, y una vez se supo todo, se descubrió que no tenía un controlador claro ni estándares de buen gobierno corporativo.

A partir de ese caso, los modelos para prevenir delitos de las empresas se han incrementado. "Las empresas comenzaron a tener conciencia. Y empezó a quedar claro que no solamente las empresas reguladas sino que también todo tipo de empresa (necesita áreas de Compliance)", dijo Sierra.

No obstante, estimó que sólo el 25% de las grandes empresas tiene esta área. El desafío, sin embargo, es para grandes y pequeñas, reguladas y no.

"Desde los propios emprendedores. Desde que mi empresa tiene 5 o 10 personas yo ya puedo empezar a decirle qué no se puede hacer. Mientras yo antes parta más fácil es después ir creciendo con estos procedimientos", dijo Susana Sierra.

Otro reto importante será establecer un reglamento para empresas certificadoras de áreas de compliance, y no como ocurrió en Chile, donde solo es por un Registro.

Por ello, en Chile existen 26 empresas certificadoras, pero sólo 5 están activas. "Puede generarse un mercado de venta de certificados de papel, sólo hacen _checklist_", indica la consultora de BH Compliance. La institución indicada para supervisar este sistema es la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Perú.