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A fines de mayo, la Comisión de Energía y Minas dio un paso en el objetivo de las bancadas de izquierda de lograr la nacionalización de todos los lotes petroleros, al aprobar un dictamen que los entrega a Petroperú al vencimiento de sus contratos.
El citado dictamen, denominado Ley que Fomenta el Desarrollo y Consolidación de la Industria Petrolera Nacional, fue el resultado de la fusión en un solo proyecto, de diversas propuestas legislativas de las bancadas de Perú Libre y el Bloque Magisterial con ese mismo objetivo.
Según el proyecto aprobado, se declara de interés nacional que Petroperú, en negociación directa con la agencia Perupetro S.A., firme contratos de exploración y explotación para que se adjudique todos los lotes una vez que culminen sus acuerdos contractuales vigentes.
Más aún, estipuló que quedaría a facultad de Petroperú el convocar y seleccionar a socios estratégicos para operar esos yacimientos, con la opción de solo explicar al MEF porqué decidiría no ir en sociedad con otras empresas.
Comisión de Economía pone freno a propuesta
No todo está dicho, pues el debate del mencionado proyecto recayó también sobre la Comisión de Economía, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, la cual elaboró un predictamen que más bien se opone a la mencionada iniciativa.
En este último documento, ese grupo de trabajo legislativo recomienda la no aprobación del referido proyecto y su envío al archivo, por considerarlo que resultaría inconstitucional, al vulnerar los artículos 60 y 61 de la Constitución Política.
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Contravendría principio subsidiario del Estado
El argumento de la Comisión de Economía es que lo planteado contraviene con el principio de subsidiariedad en la actuación del Estado en la economía, y el reconocimiento de que este tiene una función supletoria ante las imperfecciones u omisiones de agentes económicos.
Además, refiere que la aprobación del controvertido proyecto implicaría otorgarle a la empresa estatal una situación de ventaja respecto de las empresas privadas.
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El predictamen de la Comisión de Economía también observa que lo aprobado en la Comisión de Energía y Minas contraviene el artículo 61 de la Constitución, en tanto que crea una posición dominante de parte de Petroperú.
Esto último ocurre, refiere, porque se plantea que todos los nuevos contratos que se suscriban, teniendo como base los contratos que están por vencer, pasen a ser de titularidad de la citada empresa.
“Ello es contrario precisamente a la función del Estado de remover los obstáculos que restrinjan o limiten la competencia, tal como lo prevé el Tribunal Constitucional”, aseveró.
Tendría impacto en precios de combustibles
La Comisión de Economía, a través de su texto, subrayó que no hay sustento técnico que justifique la propuesta ni evaluación técnica costo-beneficio que garantice su viabilidad económico-financiera, y en consecuencia, genera riesgos ante potenciales operaciones ineficientes de lotes, lo que podría traer escasez de combustibles y presiones al alza de precios.
Al cierre del periodo legislativo, la comisión no logró poner a debate el predictamen antes mencionado, si bien lo había incluido en su agenda como último punto a evaluar.
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Última palabra la tendrá el pleno
Según el experto Carlos Gonzáles, director gerente de Enerconsult, la expectativa es que, luego que este último grupo de trabajo apruebe el predictamen en la siguiente legislatura, ambos proyectos pasen para su debate en el pleno, que deberá decidir si la nacionalización de lotes se aprueba o va al archivo.
No obstante, a su juicio, está en duda que Petroperú tenga la solvencia económica suficiente como para asumir todos los lotes petroleros, ni siquiera los cuatro que el Minem pretende asignarle a la vez (los lotes I, VI, X, Z-2B y X), y cuyos contratos vencen entre 2023 y 2024.
Afirmó que si bien la agencia Perupetro S.A. ha señalado que la solvencia petrolera de Petroperú (y su calificación económica para asumir lotes) está amparada por su patrimonio de US$1,900 millones, el problema es cómo con ese patrimonio podría solventar las inversiones que requieran esos yacimientos.
Explicó el especialista en hidrocarburo que, debido a que los principales componentes de tal patrimonio, como son sus refinerías o el Oleoducto Nor Peruano, son considerados activos críticos cuya venta está prohibida, es decir no podría obtener financiamiento ni liquidez de tales bienes, en caso la necesite.