Redacción Gestión

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Rafael DoménechEconomista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research Juan Ramón García Economista Senior de BBVA Research

Durante el último año, España ha encadenado varios trimestres de crecimiento del PIB y de creación de empleo. Sin duda, una excelente noticia después de una crisis que ha destruido casi el 20% de los puestos de trabajo. Sin embargo, y a pesar de la aprobación de medidas recientes para el fomento de la contratación indefinida, la recuperación del mercado laboral está reproduciendo uno de sus problemas crónicos: la elevada tasa de temporalidad y la precariedad de muchos de los empleos que se crean.

La temporalidad es ineficiente desde el punto de vista económico. Y lo que es más grave, es tremendamente desigual ya que se concentra en unos colectivos especialmente vulnerables. Los , con menor experiencia y aquellos con un menor nivel educativo no solo tienen una mayor probabilidad de estar parados. Cuando encuentran una oportunidad de empleo, lo hacen con un contrato temporal en la mayoría de los casos.

Contratos en los que muchos de estos trabajadores quedan atrapados, encadenado un contrato temporal tras otro, con periodos intermitentes en el desempleo y con escasas expectativas de formación. La probabilidad de que un trabajador con contrato temporal transite a un contrato indefinido, o que reciba formación específica con la que mejorar su capital humano, es menor en España que en otros países europeos, lo que, a su vez, incide negativamente sobre la productividad y el empleo.

Además, la temporalidad tienen otros efectos negativos como son la asimetría en la movilidad de los trabajadores (excesiva en los temporales y escasa en los indefinidos), (que da lugar a una volatilidad del empleo elevada), una estructura productiva sesgada a sectores poco productivos (al perjudicar relativamente a las actividades más intensivas en capital físico y tecnológico), la emancipación de los jóvenes, las tasas de natalidad o el acceso al crédito, entre otros.

Afortunadamente, esto no es resultado del azar ni tampoco es inexorable. Al contrario, es una disfunción de nuestro mercado de trabajo que puede corregirse, como han hecho otros países, con las medidas adecuadas. Más allá de la percepción de incertidumbre jurídica de los contratos indefinidos frente a los temporales, que debería evaluarse con detenimiento, la economía española se caracteriza por contar con un sistema de indemnizaciones ineficiente cuando se compara con otros países europeos.

Queriendo proteger a los todos trabajadores, se acaba segmentando el mercado de trabajo y perjudicando a los más débiles. La razón es que la incertidumbre tan elevada sobre la continuidad de un nuevo contrato indefinido, sobre todo en los primeros años, hace que muchas empresas opten por la certidumbre del coste de extinción de un contrato temporal, aunque sea menos productivo y rentable para la empresa. La incertidumbre, tan dañina para la inversión de las empresas, también lo es para las decisiones de creación de empleo indefinido.

Por esta razón, en una reciente propuesta de BBVA Research hemos planteado la conveniencia de modernizar el sistema actual, acercándolo al de otros países europeos con menores tasas de desempleo y de temporalidad. La propuesta consiste en conjugar una simplificación efectiva del menú de contratos con un nuevo sistema . La indemnización actual por despido procedente de los nuevos contratos indefinidos sería reemplazada por un sistema mixto en el que el coste se internalizaría parcialmente con una certidumbre plena, mediante la aportación a una cuenta individual de gestión pública.

Esta cuenta se financiaría con las aportaciones anuales con las que hacer frente a una parte de la indemnización por despido del sistema vigente. En concreto, los nuevos asalariados dispondrían de una cuenta de ahorro individual nutrida de aportaciones periódicas por un importe equivalente a ocho días de salario por año trabajado, con un tipo de cotización estable del 2,19% del salario bruto anual.

Esta aportación se puede modular y aumentar hasta los 20 días anuales, si la indemnización complementaria en el momento del despido disminuyese de 12 días a cero (como en el sistema austriaco). De manera muy simple, lo que hace esta propuesta es asegurar a las empresas y trabajadores ante la eventualidad de un suceso posible (el despido) pero incierto mediante la certeza de una aportación a una cuenta a nombre del trabajador que constituye un salario diferido.

Este sistema mixto tiene la ventaja de que no da lugar a un encarecimiento de los costes laborales que soporta la empresa ni a una menor protección por despido, moderniza la negociación colectiva y mejora la remuneración salarial total que termina recibiendo el trabajador. Además, al incentivar la contratación indefinida frente a la temporal, los trabajadores tendrían una mayor probabilidad de optar a un empleo más estable, mayores salarios y una carrera laboral con mayores posibilidades de progresar a lo largo del tiempo.

Con este sistema, la incertidumbre que obstaculiza la contratación indefinida se reduciría significativamente, y los jóvenes y trabajadores con menor nivel educativo serían los principales beneficiados por el cambio. Las aportaciones acumuladas en la cuenta individuales serían accesibles cuando la relación contractual con la empresa se extingue o cuando el trabajador se jubila, si no ha hecho uso de ellas antes.

En definitiva, creemos que ha llegado el momento de abrir un debate para incentivar la contratación indefinida mediante la modernización del sistema indemnizatorio, de manera que la recuperación económica llegue al mayor número de trabajadores, no solo con la creación de más empleo sino también de un empleo estable y de mayor calidad.