El acceso a la Estación de Bombeo PS4 del Sistema de Transporte por Ductos (STD) de gas natural, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), fue bloqueada por casi dos días (6 y 7 de julio) por miembros de la comunidad de Chiquintirca, provincia de la Mar, en Ayacucho. De acuerdo a la empresa, esta acción ponía en riesgo la infraestructura por donde se envía el gas de los campos de Camisea hacia la costa del país, es decir, el abastecimiento energético.
Tras la mediación de instituciones del Estado como el Ministerio de Energías y Minas, la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos sociales del Ministerio del Interior y la Prefectura de Ayacucho, se logró suspender el bloqueo y se restauró el proceso de diálogo, informó TGP en un comunicado.
“Pese a las manifestaciones realizadas por la población, el sistema de transporte de gas natural ha continuado operando con normalidad. En ese sentido, TGP desea precisar que el suministro de gas natural y líquidos de gas natural no ha sido interrumpido y se sigue transportando este recurso para el uso del país”, agregaron.
La comunidad acusa a la empresa de una presunta contaminación de la laguna Totoraccocha, por lo que han exigido que se ponga en marcha un proyecto ambiental y el mejoramiento de las vías de comunicación, el reconocimiento y pago por el uso y deterioro de sus terrenos agrícolas.
Al respecto, TGP ha descartado que su estación de bombeo PS4, ubicada en Pacobamba, pudiera haber contaminado la laguna, debido a que esta instalación no emite residuos líquidos a la superficie de su entorno, por contar con un sistema de rebombeo de líquidos de gas natural que opera de manera hermética.
También precisó que el campamento que alberga a los trabajadores de esta estación cuenta con una planta de tratamiento propia, que procesa las aguas residuales, las cuales -una vez desinfectadas- ingresan a un sistema de vertimiento por infiltración al suelo, sin discurrir, en ningún momento, por la superficie.
“TGP es una empresa respetuosa de la normativa ambiental vigente, se encuentra abierta a cualquier supervisión y fiscalización por parte de las autoridades ambientales. Reitera su voluntad y apertura al diálogo como única medida para alcanzar acuerdos beneficiosos para los pobladores y que contribuyan a un clima de convivencia pacífica”, indicaron.