¿Buena economía y mala política?
En los últimos meses los escándalos políticos han sido pan de todos los días. ¿Influye la turbulencia política en la evolución económica? Partamos de reconocer que la economía peruana creció apenas 1.98% y 2.31% en junio y julio, respectivamente. Sin embargo, la inflación se encuentra bajo control y dentro de la meta del banco central, el tipo de cambio casi no aumentó como consecuencia de las crisis turca y argentina, el déficit fiscal presenta una tendencia hacia la reducción, etc. Las cifras grandes se ven relativamente bien.
Sin embargo, ¿qué ocurre a nivel micro? Pues que los números no se reflejan en un aumento del bienestar para todos. El estado no cumple con su función básica: garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos (la “inclusión”). Pensemos en educación, salud, seguridad, caminos rurales, etc. Naturalmente el ciudadano de a pie se cuestiona de qué sirven las cifras si no se reflejan en sus bolsillos.
¿Cómo podrían conectarse los números macro con el bienestar? El crecimiento económico, a través de la recaudación tributaria, “financia” el gasto que hace el estado. El crecimiento económico le otorga el dinero al estado para que este gaste y cumpla con su función. Por eso el crecimiento es una condición necesaria (genera los recursos) pero no suficiente (depende de cómo gaste el estado) para que aumente el bienestar. El crecimiento económico es un medio y no un fin en sí mismo.
¿Quiénes toman las decisiones sobre cuánto y cómo gasta el estado? Desde luego, lo que llamamos “la clase política”, es decir, ministros, congresistas, funcionarios públicos, partidos políticos, entre otros. ¿Por qué no toman las decisiones que la ciudadanía considera correctas? ¿Por qué los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo generan que no se hable de las reformas necesarias para lograr una mayor eficiencia del estado en la provisión de servicios básicos, entre ellos educación, salud y seguridad ciudadana? Sin reformas no habrá cambios. Veamos.
La relación entre política y economía tiene una doble causalidad; por un lado, si la economía no va bien, los políticos que dirigen el país aparecerán como los primeros culpables por que no tomaron decisiones correctas o si lo hicieron, fueron erradas y generaron confusión e incertidumbre entre los inversionistas y público en general; por otro, si la economía va bien, es natural esperar que vaya “bien” para las grandes mayorías y eso está relacionado con reformas claves en los servicios básicos, como educación y salud. Si las instituciones políticas “no funcionan”, entonces estamos lejos de legislar en torno de reformas claves y el avance económico tiene un límite. Existen dos escenarios para implementar reformas: a través del consenso (democracia) o de manera vertical (autoritarismo). El primer camino es más largo, pero conduce a resultados más sostenibles y es el mecanismo normal de las democracias representativas. El segundo tiende a ocurrir en gobiernos con características autoritarias.
La democracia es el gobierno del pueblo, pero como todos no pueden gobernar, los ciudadanos eligen a algunos de ellos para que los representen, tanto en el poder ejecutivo como en el congreso. Muchas veces ocurre que la “clase política” olvida dos cosas: por un lado, que “representa” a todos, por lo que no puede decidir lo que se le antoje; por otro, cuando cualquier persona paga impuestos, financia los ingresos de los “representantes”. En otras palabras, los congresistas o representantes son los intermediarios entre la población y quienes deciden. Este escenario ideal funciona mejor cuando existen partidos políticos sólidos, de alcance nacional que canalicen las demandas de los ciudadanos, algo inexistente en el caso peruano. El problema es que cuando no funciona, se abre el camino a regímenes autoritarios.