Pobreza y Desigualdad en América Latina 2011-2015

Hace una semana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), publicó su “Panorama Social de América Latina 2015”, que trae información actualizada de la región en temas sociales. Algunos datos son relevantes.

En primer lugar, la evolución de la “pobreza por insuficiencia de ingresos” se redujo de 29.7% de la población total de la región en 2011 a 29.2% en 2015; sin embargo, si tomamos en cuenta el tamaño poblacional, resulta que el número de “pobres monetarios” creció de 171 a 175 millones de personas en el mismo período. América Latina tiene cada vez más pobres. En la misma línea, la pobreza extrema o indigencia, aumentó de 67 a 75 millones de habitantes. Problemas con el diseño e implementación de las políticas públicas, así como un crecimiento económico más lento, que redujo la recaudación tributaria aparecen como las razones centrales. Sin embargo, ¿qué pasaría si además de asumir al ingreso como la variable principal, agregáramos otras como el acceso a agua potable y desagüe, energía eléctrica, etc.? Aunque CEPAL no realiza el cálculo es probable que los números sean peores.

En segundo lugar, la distribución de ingresos, medida por el coeficiente de gini[1], se redujo de 0.507 en 2010 a 0.491 en 2014. No obstante, los números mostrados se encuentran muy por encima de los países avanzados, así como de los asiáticos. A pesar de la mejora, la región sigue siendo la más desigual del mundo.

En tercer lugar, la CEPAL encuentra que el gasto público social es procíclico, es decir aumenta cuando la economía crece y disminuye cuando la economía se desacelera. Esta conclusión es clave para políticas públicas, pues debería ser anticíclico, en el sentido que los gobiernos deberían invertir más en temas sociales en momentos de desaceleración, que es justamente cuando los mercados laborales se estrechan.

Ahora bien, más allá de los números, se requiere de una infraestructura institucional para que funcione la política social de un gobierno. No solo puede ni debe medirse a partir de qué proporción del PIB se destina a tal o cual sector, sino que lo que verdaderamente importa es el impacto que dichos programas tienen sobre la población objetivo. No puede confundirse la entrega de un servicio o bien (por ejemplo, un colegio) con los impactos que ese colegio y la educación impartida  generan sobre los niños.  Bien haría el nuevo gobierno en girar de cuánto dinero se coloca en un sector a ser más intensivo en las evaluaciones de impacto del dinero asignado; solo así sabremos si se gasta bien o mal.