Desempeño económico y coyuntura política

Desde hace un buen tiempo se cuestiona que los
beneficios del crecimiento no llegan a todos. El estado no cumple con su
función básica: garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos.
 Pensemos en educación, salud, seguridad,
caminos rurales, etc. Por otro lado, el crecimiento económico, a través de la
recaudación tributaria, “financia” el gasto que hace el estado. El crecimiento
económico le otorga el dinero al estado para que este gaste y cumpla con su
función. Por eso el crecimiento es una condición necesaria (genera los
recursos) pero no suficiente (depende de cómo gaste el estado) para que aumente
el bienestar. El crecimiento económico es un medio y no un fin en sí mismo.

 

¿Quiénes toman las decisiones sobre cuánto y cómo
gasta el estado? Desde luego, lo que llamamos “la clase política”, es decir,
ministros, congresistas, funcionarios públicos, partidos políticos, entre
otros. ¿Por qué no toman las decisiones que la ciudadanía considera correctas?

 

La relación entre política y economía ambas tiene
una doble causalidad; por un lado, si la economía no va bien, los políticos que
dirigen el país aparecen como los primeros culpables por que no tomaron
decisiones correctas o si lo hicieron, fueron erradas y generaron confusión e
incertidumbre entre los inversionistas; por otro, si la economía va bien, es
natural esperar que vaya “bien” para las grandes mayorías y eso está
relacionado con reformas claves en los servicios básicos, como educación y
salud. Si las instituciones políticas “no funcionan”, entonces estamos lejos de
legislar en torno de reformas claves. Existen dos escenarios para implementar
reformas: a través del consenso (democracia) o de manera vertical
(autoritarismo). El primer camino es más largo, pero conduce a resultados más
sostenibles y es el mecanismo normal de las democracias representativas. El
segundo tiende a ocurrir en gobiernos con características autoritarias.

 

La democracia es el gobierno del pueblo, pero como
todos no pueden gobernar, los ciudadanos eligen a algunos de ellos para que los
representen, tanto en el poder ejecutivo como en el congreso. Muchas veces
ocurre que la “clase política” olvida dos cosas: por un lado, que “representa”
a todos, por lo que no puede decidir lo que se le antoje; por otro, cuando cualquier
persona paga impuestos, financia los ingresos de los “representantes”. En otras
palabras, los congresistas o representantes son los intermediarios entre la
población y quienes deciden. Este escenario ideal funciona mejor cuando existen
partidos políticos sólidos, de alcance nacional que canalicen las demandas de
los ciudadanos, algo inexistente en el caso peruano. El problema es que cuando
no funciona, se abre el camino a regímenes autoritarios.

 

Ahora bien, ¿se cumple el escenario ideal en el
Perú? Mi opinión es que no y una prueba de ello son los bajos niveles de
aprobación, tanto de congresistas como clase política en general. Los
ciudadanos no nos sentimos representados por quienes elegimos. Lo que
observamos es que no saben cómo lograr consensos (cada uno ve su propio
interés), promesas sin medir las consecuencias y solo con un afán electoral,
escándalos de corrupción que hacen que los congresistas  pasen el tiempo fiscalizándose unos a otros sin
discutir leyes a favor del desarrollo del país, etc. Y eso tiene un impacto
sobre la economía.

 

Por un lado, no avanzan las reformas pues ni
siquiera se discuten y es sabido que un país que no invierte bien en su propio
capital humano, no tiene posibilidades de sostener el crecimiento futuro; por
otro, la economía “crece menos que lo que podría crecer”, pues la incertidumbre
y la sensación de caos generan que se posterguen inversiones nacionales y
extranjeras.  En el mediano plazo es muy
complejo tener una “buena economía” con una “mala política”, pues no es
sostenible la primera sin la segunda. La política no está divorciada de la
economía, aunque parezca que sí.