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Sin embargo, aún debe enfrentar otros procesos judiciales que arrastra, como el caso Pativilca, y que no fueron anulados tras recuperar los efectos del indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el año 2017.
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Fujimori, quien estuvo acompañado de su abogado Elio Riera, participó de manera virtual en la audiencia y solo intervino para identificarse y dar su domicilio actual.
Los otros coprocesados que se conectaron de forma virtual fueron el exjefe del SIN, Vladimiro Montesinos, así como el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos, quien designó como su abogado a César Nakasaki.
También participaron de forma virtual los integrantes del grupo “Colina”, entre ellos, Carlos Pichilingüe Guevara y Santiago Martin Rivas, así como la abogada de las víctimas Gloria Cano, de APRODEH.
¿De qué se le acusa a Fujimori en el caso Pativilca?
En la audiencia judicial, la fiscal adjunta superior, Elsa Delgado Pérez, ratificó su acusación contra Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y demás coprocesados y los encontró responsables de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía (considerado como delito de lesa humanidad).
En su recurso, solicitó que se dicte contra el exmandatario y las demás personas 25 años de prisión efectiva, así como una inhabilitación para ejercer la función pública por el plazo de 5 años.
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Además, planteó que todos los acusados paguen, de manera solidaria, una reparación civil de S/500,000 en favor del Estado y de las víctimas.
De acuerdo a la tesis fiscal, Fujimori, en su condición de presidente, “elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas”. Según señaló Delgado Pérez, los planes eran elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo “Colina”.
Dicho grupo paramilitar, al mando de Pichilingüe y Martin Rivas, perpetró un crimen el pasado 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de la ciudad de Barranca (Lima), que terminó con la vida de seis campesinos: Jhon Gilber Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.
Cabe recordar que en febrero del año 2008, el técnico del Ejército Jorge Ortiz Mantas, exintegrante del grupo Colina, confesó que participó en la masacre. En una audiencia judicial ratificó que dicha agrupación dependía de Hermoza Ríos, quien, a su vez, respondía a las órdenes de Fujimori. Es por este motivo que el exmandatario es procesado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de los seis campesinos.
La audiencia, a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, continuará el próximo jueves 4 de enero del 2024, a las 9:00 a.m.
Está pendiente de resolver un pedido realizado por la Fiscalía para que varíe la condición de Fujimori en este proceso: de comparecencia con restricciones a detención domiciliaria.
No obstante, Riera rechazó dicha solicitud al señalar que Fujimori no piensa fugarse del país y que pasará el resto de sus días junto a sus hijos y nietos.
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Es más, adelantó que buscará que los efectos del indulto humanitario en favor de su cliente alcancen al caso Pativilca, algo que ya había sido desestimado por una sala judicial.
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Los otros casos pendientes de Fujimori con la justicia peruana
1. Las esterilizaciones forzadas
El caso de las esterilizaciones forzadas sigue siendo una piedra en el zapato para Fujimori, pese a que ya han transcurrido más de 20 años.
La semana pasada, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada una demanda de amparo y, en consecuencia, declaró como nula la apertura de instrucción en el expediente que se sigue por este caso.
En su fallo judicial, la sala ordenó que el juez penal a cargo del proceso “emita un nuevo pronunciamiento conforme a ley”, así como dispuso el retorno de todo el expediente a la Fiscalía.
La demanda de amparo fue presentada por el actual legislador de Fuerza Popular y exministro de Fujimori, Alejandro Aguinaga, quien también está comprendido en la pesquisa.
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La Fiscalía abrió instrucción contra el exmandatario como presunto autor mediato de lesiones graves, seguidas de muerte, en agravio de cinco mujeres; así como por lesiones graves contra más de 1.300 víctimas. En la investigación también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Mariano Costa Bauer.
De acuerdo a la tesis fiscal, hubo una implicación activa de los personajes antes mencionados en la esterilización de miles de mujeres sin su consentimiento o sin conocimiento de sus efectos, como parte de un programa de planificación familiar efectuado durante el gobierno de Fujimori.
Con esta resolución judicial, el Ministerio Público deberá de presentar una nueva formulación de denuncia penal por este caso: es decir, todo el proceso regresó a etapa de investigación preliminar, lo que configuraría un retroceso.
En entrevista con Gestión, el abogado de Fujimori indicó que ahora sí esperan archivar esta indagación de manera definitiva.
“No hay ninguna vinculación del tema con el expresidente y sostener que lo hizo por un tema de política pública des descabellado, más aún cuando la propia Defensoría del Pueblo sostuvo en su oportunidad, después del gobierno de Fujimori y en la gestión de Alejandro Toledo, que no hubo tal práctica, tal política. Entonces, estamos seguros de que lo vamos a archivar”, aseveró.
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2. El pedido para ampliar su extradición de Chile
Estos son: los pagos a Ernesto Schütz, la venta de armas a las FARC, la revelación de secretos de Estado, la ejecución extrajudicial en la embajada de Japón, la matanza en el penal Castro Castro y los casos Ventocilla, Secuestro y Esterilizaciones Forzadas.
En aquella oportunidad, el entonces procurador anticorrupción Javier Pacheco informó que estaba pendiente de que la Fiscalía y el INPE realicen un examen neurológico a Fujimori, ordenado por Chile para continuar con el proceso. Esto, con la finalidad de comprobar si el expresidente tiene las condiciones para afrontar estos procesos debido a su edad y a su delicado estado de salud.
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Una vez superado este pedido, los ocho casos pasarían a la exposición por parte de las defensas en Chile y luego se emitiría una primera sentencia, la misma que deberá ser revisada por el pleno de la Corte Suprema de ese país, a efectos de acceder a la solicitud de Perú.
Nueve meses después el proceso no ha avanzado mucho. Riera solo atinó a señalar a este diario que por el momento se han tomado las declaraciones respectivas, pero que buscarán cuestionar e invalidar todos estos casos en Chile.
Es más, dijo que el próximo mes viajaría a dicho país a fin de ver el estado de ese proceso, aunque se mostró confiado en que no pasará.
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Hasta el momento el expresidente ha sido sentenciado por cinco casos: La Cantuta y Barrios Altos, la CTS para Montesinos, los congresistas tránsfugas y la compra de líneas editoriales, el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra y los Diarios Chicha.
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