Según el FMI, el Perú necesita reformas adicionales para mitigar las vulnerabilidades en el marco de gobernanza y limitar el alcance de la corrupción. Al respecto, planteó un grupo de medidas para este fin. Una de estas es el reformar el sistema de control en el país, que es liderado por la Contraloría General de la República, para gestionar mejor los riesgos y aumentar la responsabilidad.
“La introducción de auditores internos independientes en algunas entidades y el fortalecimiento de las auditorías externas serían pasos importantes en esta área”, precisó. Actualmente, las auditorías en el Estado están a cargo de los profesionales que dependen de la Contraloría.
Por ello, la pregunta de hoy es:
¿Las entidades públicas deben tener auditores independientes, como lo plantea el FMI?
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