CAMBIOS. Se viene un paquete de normas para promover la actividad forestal, que forma parte del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) para el periodo 2020-2023 que el MEF publicó el mes pasado. La propuesta normativa será presentada a fines de este mes, y en algunos casos se tratará de proyectos de ley que requerirán del debate y la aprobación de un Congreso que ahora anda distraído con asuntos que poco tienen que ver con el futuro económico del país.
Dicha propuesta buscará extender los “beneficios exclusivos para la actividad forestal” e incluirá la simplificación de los procesos de saneamiento y zonificación, financiamiento e innovación tecnológica, beneficios tributarios y laborales y fortalecimiento de instituciones como Serfor, Osinfor y el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).
En el caso del saneamiento y la simplificación, existe un entrampamiento normativo debido a que solo un gobierno regional (San Martín) habría culminado la zonificación de sus áreas forestales, pese a que el plazo venció en diciembre del año pasado. El incumplimiento en el resto de departamentos ha significado la paralización en la entrega de nuevas concesiones y, por tanto, de nuevas inversiones en la explotación sostenida de nuestros bosques.
El MMM señala que la Mesa Ejecutiva Forestal ha aprobado un proyecto de ley que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que plantea suspender la obligación de contar con la zonificación forestal como condición para el otorgamiento de títulos habilitantes (concesiones). Dado que ya van ocho meses de parálisis –que seguramente se convertirán en nueve–, habrá que esperar que al menos los congresistas que representan a departamentos que poseen recursos maderables entiendan la urgencia del proyecto.
Con respecto a los beneficios tributarios y laborales, hay que precisar que, desde fines del 2014, la forestería se acoge a los incentivos de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que rige hasta el 2021. En el Congreso ya hay un dictamen aprobado que prorroga por diez años la vigencia de la norma y que mantiene casi todos los beneficios, excepto las vacaciones de los trabajadores (pasan de 15 a 30 días) y los aportes a Essalud (de 4% a 6%).
La inversión forestal tiene un periodo de maduración más extenso que los de actividades como agroindustria o acuicultura. Quizás en su caso sea acertado considerar 20 años de vigencia de los beneficios. También habrá que esperar el compromiso de las autoridades, tanto en Lima como en el interior pues, aunque se afinen las normas, lo crucial será su aplicación efectiva.