El melódico acento venezolano de Juan Carlos Riera provocó una sonrisa en su octogenaria paciente, incluso aunque le dijo que necesitaba una cirugía. Gracias al rápido diagnóstico de Riera en el hospital del valle central rural de Chile, la espera de la mujer se reduciría en un año.
Tachar a los pacientes de las listas se ha convertido en la misión de Riera en La Calera, Chile, a donde inmigró en 2015. Después de que la hiperinflación bajo la ilegítima presidencia de Nicolás Maduro recortara su robusto salario y agotara los suministros de medicamentos y equipos, no vio otra alternativa que irse. De hecho, el éxodo de más de 22,000 médicos entre 2012 y 2017 está, por el momento, cerrando una brecha en la atención médica en todo Latinoamérica.
"Chile ha sido acogedor, porque los pacientes ven el impacto positivo de tener más especialistas donde antes no había", dice Riera, un urólogo de 46 años de Maracay, Venezuela. Riera es uno de los cuatro especialistas, todos venezolanos, en el hospital público Mario Sánchez Vergara.
Venezuela permanece en un estado de agitación desde que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reclamara el derecho constitucional a la presidencia después de las acusaciones de que Maduro robó las elecciones del año pasado. Si Guaidó tiene éxito y la economía de Venezuela cobra vida, algunos de los 3 millones de personas que se fueron podrían regresar. Por ahora, sin embargo, el diluvio humano ofrece a los gobiernos regionales una fuente inesperada de talento.
La afluencia ofrece una oportunidad para fortalecer los servicios públicos en una región de profunda desigualdad, explica Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas de Migración en Washington.
"Este es el momento en que Latinoamérica debe utilizar el capital humano de Venezuela, proporcionar acceso fuera de las ciudades capitales y, mientras tanto, ayudar a los migrantes a encontrar trabajo, asegura Selee. Es un acuerdo en el que todos ganan, pero deben asegurarse de proporcionar una manera para que los profesionales obtengan credenciales y vayan a áreas donde se necesiten sus servicios".
Brasil contrató médicos venezolanos el año pasado en Roraima, un estado fronterizo que recibe a muchos de sus compatriotas desesperados. Algunas provincias argentinas dieron la bienvenida a los venezolanos dispuestos a trabajar donde hay pocos especialistas.
En Colombia, que ha acogido a cerca de 1 millón de venezolanos, muchos trabajan para compañías de ambulancias, la rama de la medicina peor pagada con las condiciones más difíciles, incluidos turnos de 24 horas. Sin embargo, un médico allí asegura que está ganando 800 veces el salario mínimo de Venezuela.
En Chile, un permiso temporal permite a los inmigrantes trabajar en hospitales públicos en zonas de alta necesidad mientras validan sus credenciales, lo que puede llevar años.
Rodrigo Torres, un cirujano chileno en Concepción, dice que las ciudades mineras del norte y la Patagonia al sur tienen una necesidad crónica de especialistas. El envejecimiento de la población también ha aumentado la presión sobre un sistema público estresado.
En diciembre de 2017, 1.6 millones de pacientes, cuyas condiciones no eran potencialmente mortales, estaban en lista para consultas, y 285,625 esperaban cirugía, según el Ministerio de Salud.
"Los pacientes en regiones marginadas tienen que esperar meses para una consulta de especialidad y más de un año para intervenciones quirúrgicas", afirma Torres.
A pesar de la necesidad de Chile, la afluencia de médicos ha causado fricciones con la comunidad médica local. El programa de permisos temporales se suspendió en enero luego de quejas, y el gobierno exigió recientemente que los médicos extranjeros obtuvieran la certificación de la Universidad de Chile o del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de la prueba que deben realizar para trabajar en el sector privado, según Riera.
Chile no es el único país que balancea las necesidades médicas con el proteccionismo. En Perú, Daniel Martínez, presidente de la asociación de médicos venezolanos, asegura que en el país hay unos 2.000, de los cuales la mitad trabaja en clínicas privadas y el resto fuera de la medicina. A medida que llegan más venezolanos, es cada vez más difícil obtener permiso para trabajar.
Los médicos locales "ven a 2,000 médicos como competencia, pero como yo lo veo, deberíamos trabajar en equipo", afirma Martínez.
La vida de Riera en Venezuela se deshizo después de que las políticas económicas de Maduro desataran la crisis humanitaria. En el 2015, terminó la última cirugía de la noche y salió de su clínica cuando sintió un cañón de pistola en la cabeza. La sensación era conocida: era la tercera vez en dos meses que le robaban al salir del hospital.
Sus pacientes sufrían por la falta de medicamentos.
La compra de suministros en dólares a través de la frontera colombiana resolvió el problema temporalmente, pero el bolívar se estaba volviendo cada vez menos valioso y Riera temía que pronto pusiera en riesgo a los pacientes.
El punto de quiebre ocurrió cuando no pudo pagar la extorsión para que su hija de 12 años de edad no fuera secuestrada.
Salió de Venezuela solo, buscando trabajo en Colombia, Panamá, República Dominicana y luego en los Andes chilenos, dejando un currículo en cada hospital público. Finalmente recibió una llamada para trabajar en La Calera, a dos horas de Santiago, y trajo a su hija y a su madre tan pronto como pudo alquilar un apartamento.
El hospital Mario Sánchez Vergara renovó una sala de cirugía abandonada cuando llegó Riera. Antes de eso, uno de cada 10 pacientes en lista de espera moría esperando sus citas, dice. A menudo, Riera lleva a casa bolsas de aguacates, carnes y pasteles como regalos de pacientes que finalmente han sido tratados.
"Si las cosas mejoran en Venezuela y si fuera posible regresar, lo pensaría", asegura Riera. Mientras tanto, "nuestra agenda está llena todos los días, y cada paciente es alguien que de otro modo no habría sido tratado".