La Casa Blanca dijo que aconsejará al presidente Donald Trump vetar el plan bipartidista de inmigración, inyectando presión al Senado de Estados Unidos, que busca un acuerdo que proteja a los jóvenes inmigrantes de la deportación.
La propuesta de consenso, que pone a 1.8 millones de inmigrantes "dreamers" en el camino a obtener la ciudadanía y aumenta la seguridad fronteriza, parece estar ganando adeptos en el Senado, aunque Trump ha abogado enérgicamente por su propio plan, que sigue esos pasos pero también restringe la inmigración legal.
La enmienda bipartidista, presentada por ocho republicanos y ocho demócratas, "cambiaría drásticamente nuestra política nacional de inmigración para peor, debilitando la seguridad fronteriza y socavando la ley de inmigración existente", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
"Si al presidente se le presentara un proyecto de ley que incluyera la enmienda, sus asesores le recomendarían que lo vete", agregó.
La amenaza de veto es un balde de agua fría para lo que algunos republicanos describieron como la propuesta de inmigración más viable en el Senado, cuyos miembros luchan por cumplir con un autoimpuesto plazo de final de la semana para aprobar un plan.
La clave será qué proyecto de ley puede recibir 60 votos, el umbral para que la legislación avance en el Senado de 100 miembros estrechamente dividido.
"Este es el único proyecto de ley que se ocupa de cuestiones de inmigración con amplio apoyo bipartidista", dijo a la prensa la senadora republicana Susan Collins, fundadora de la "Coalición por el Sentido Común", que elaboró la medida bipartidista.
La Casa Blanca advirtió que el proyecto de ley de Collins impide la ejecución de acciones legales contra personas que ingresen al país antes de junio del 2018, lo que "produciría una avalancha de nueva inmigración ilegal en los próximos meses".
"La administración se compromete a encontrar una solución permanente, justa y legal para el DACA", agregó Sanders. "Pero esta enmienda solo agravaría el problema".
El destino de unos 1.8 millones de inmigrantes llevados al país ilegalmente cuando eran niños ha sido incierto desde que Trump eliminó en septiembre pasado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) -que los protegía de la deportación-, y le dio al Congreso seis meses para legislar una solución.
Unos 690,000 "dreamers" que se registraron bajo el DACA -más 1.1 millones de otros que eran elegibles pero no lo hicieron- podrían enfrentar la deportación a partir del 5 de marzo si no se llega a un acuerdo.