En Estados Unidos, para millones de hogares —en especial en barrios latinos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, el Bronx o el Valle del Río Grande— cada dólar cuenta y la tarjeta EBT muchas veces marca la diferencia entre poder llenar el carrito o pasar vergüenza en la fila del supermercado. Hablar del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) no es debatir sobre una política lejana, sino sobre comida en la mesa: frijoles, arroz, leche para los niños y lo más básico del mes. Durante años, este apoyo ha sido un salvavidas en medio de la inflación, los empleos por horas, los “gig jobs” como Uber o DoorDash y las rentas que no dejan de subir. Por eso, cada vez que se anuncian cambios en el programa, estallan las dudas, la preocupación y una avalancha de preguntas legítimas entre quienes dependen de este beneficio para salir adelante.
Por eso, hoy te explico, de forma clara y directa, qué está cambiando en SNAP y cómo estos ajustes pueden impactar tanto a quienes ya reciben el beneficio como a quienes pensaban solicitarlo. La base de todo es una nueva ley federal que ya está en vigor y que redefine quién puede acceder al programa y en qué condiciones, en un momento en que la comunidad hispana es una de las más dependientes de esta ayuda alimentaria.
Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)
UNA NUEVA LEY QUE MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN SNAP
La llamada One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) fue firmada en julio de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump y comenzó a aplicarse este 1 de febrero de 2026. Esta legislación introduce los recortes más grandes a SNAP en una generación y modifica de manera importante quién califica, cuánto puede recibir y bajo qué reglas debe mantenerse en el programa.
Según estimaciones federales, SNAP beneficiaba a cerca de 42 millones de personas en todo el país antes de estos cambios, con una presencia muy fuerte en comunidades de bajos ingresos donde viven muchos latinos, como en Texas, California, Florida, Nueva York o Arizona. El programa, administrado a nivel federal por el Departamento de Agricultura (USDA), ha sido históricamente un apoyo para la compra de alimentos y artículos básicos, pero con la entrada en vigor de OBBBA los requisitos se endurecen y varias excepciones que protegían a grupos vulnerables se reducen o desaparecen.
NUEVOS REQUISITOS LABORALES: ¿QUIÉNES DEBEN TRABAJAR AHORA?
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con las obligaciones laborales, especialmente para los llamados “adultos capaces sin dependientes”. A partir de ahora, más personas deberán demostrar que trabajan o participan en programas de empleo, educación o entrenamiento para mantener el beneficio más allá de unos pocos meses.
En concreto, los nuevos requisitos federales para este grupo establecen que:
- Personas entre 18 y 64/65 años sin dependientes deben trabajar o participar en un programa laboral al menos 80 horas al mes (unas 20 horas a la semana, incluyendo trabajos por horas, “gig jobs” o ciertas capacitaciones aprobadas).
- Antes, el límite de edad llegaba solo hasta los 54–55 años, por lo que el rango se amplía de forma considerable y alcanza a más adultos mayores que seguían dependiendo de empleos precarios.
- Padres y adultos que viven en hogares donde el hijo menor tiene 14 años o más también deberán cumplir con estas horas, cuando anteriormente muchos de ellos estaban exentos si tenían niños o adolescentes en casa.
- Quienes no cumplan con las horas mínimas solo podrán recibir SNAP durante tres meses dentro de un periodo de tres años, salvo que califiquen para otra exención.
Además, hay grupos que pierden protecciones que tenían desde hace años. Veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de crianza temporal ya no estarán automáticamente exentos de estos requisitos y deberán cumplir las mismas 80 horas al mes o arriesgarse a perder el beneficio tras un periodo limitado. Esto afecta directamente a muchos latinos veteranos, jóvenes que estuvieron en foster care y personas en situación de vivienda inestable en ciudades como Houston, Phoenix, Los Ángeles o cualquier otro rincón del país.
MENOS EXCEPCIONES Y MAYOR PRESIÓN PARA LOS ESTADOS
Otro punto clave es el papel de los estados y su margen para flexibilizar las reglas cuando la economía local está difícil. Con los cambios actuales, los gobiernos estatales solo podrán extender beneficios o suspender los límites de tiempo en zonas donde el desempleo local sea de alrededor del 10% o más, un umbral alto que deja fuera a muchas áreas con trabajo escaso, pero cifras oficiales más bajas.
Especialistas advierten que estados como Florida, Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado y West Virginia se encuentran entre los más afectados, tanto por el número de beneficiarios como por el impacto presupuestario, porque tienen grandes poblaciones de trabajadores con salarios bajos que dependen de SNAP. Además, la ley obliga a los estados a asumir hasta el 15% del costo del programa y a cubrir mayores gastos administrativos, lo que presiona aún más a presupuestos ya ajustados y puede traducirse en demoras, más trámites y mayor riesgo de perder el beneficio por errores o falta de documentación.
Para muchas familias hispanas que viven en estados del Sun Belt, donde el costo de la renta sube y los salarios no alcanzan, esta combinación de reglas más duras y menos flexibilidad estatal puede significar tener que aceptar cualquier trabajo por horas, combinar varios “part-time” o incluso mudarse de condado para no perder la EBT.
¿QUÉ SE PUEDE Y QUÉ NO SE PUEDE COMPRAR CON SNAP?
Los cambios no solo afectan a quién recibe la ayuda, sino también a qué se puede comprar con la tarjeta de SNAP, un punto que toca el día a día en supermercados como Walmart, Target, H‑E‑B o las bodegas de barrio donde muchos latinos hacen sus compras. Aunque históricamente el programa permitía casi cualquier alimento para consumo humano, la nueva etapa incluye restricciones crecientes a productos considerados poco saludables, a través de nuevas autorizaciones y “waivers” estatales.
En varios estados, quedan excluidos del uso de SNAP:
- Dulces, golosinas y productos altos en azúcar, como chocolates de marca, barras de caramelo o bolsas grandes de candies.
- Bebidas azucaradas y sodas, incluyendo muchos refrescos populares entre la comunidad latina, además de ciertas energy drinks.
- Snacks salados como papitas, chips y otros productos de “junk food” empaquetada, dependiendo del diseño de cada estado.
- Algunos postres preparados y alimentos procesados de alto contenido calórico en tiendas de comestibles.
Según datos federales y de análisis independientes, este tipo de productos representaban una proporción significativa del gasto mensual de SNAP, y la medida busca reducir problemas como obesidad y diabetes, condiciones que afectan con fuerza a la población latina. Sin embargo, organizaciones comunitarias alertan que, en la práctica, estas restricciones añaden confusión en la caja registradora y pueden humillar a quienes, al intentar pagar, descubren que ciertos productos típicos del “lunch” de los niños ya no pasan con la EBT.
INMIGRANTES Y SNAP: UN ACCESO MUCHO MÁS LIMITADO
Este es, sin duda, uno de los cambios más delicados para la comunidad hispana, donde conviven ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, personas con TPS, refugiados y solicitantes de asilo en el mismo hogar. La elegibilidad para SNAP se concentra ahora principalmente en ciudadanos estadounidenses y en algunos residentes permanentes legales que cumplen requisitos adicionales, mientras que se cierran puertas para otros grupos con estatus migratorio protegido.
Con la nueva normativa, se recorta el acceso a SNAP para varios inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos, incluidos ciertos refugiados, solicitantes de asilo y sobrevivientes de violencia doméstica o trata de personas que antes podían calificar según reglas federales y estatales específicas. Diversas organizaciones de derechos civiles y expertos en políticas públicas advierten que esto golpea especialmente a familias “mixtas”, donde tal vez los hijos nacieron aquí y son ciudadanos, pero los padres tienen otro estatus, lo que complica tanto la solicitud como la cantidad de ayuda que realmente entra a la casa.
RECORTES HISTÓRICOS Y UN FUTURO INCIERTO
Como resultado de este paquete de cambios, el programa SNAP enfrentará recortes de hasta 186 mil millones de dólares hasta 2034, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en el debate de la OBBBA. Esto se suma a la obligación de que los estados cubran parte del costo total y a ajustes técnicos que, en la práctica, reducen el monto de ayuda para muchos hogares, por ejemplo, a través de nuevas reglas sobre cómo se calculan ciertos gastos como los de servicios públicos.
Para la comunidad hispana, que ya lidia con salarios bajos, trabajos inestables y altos costos de vivienda, SNAP entra en una nueva etapa: más requisitos, menos excepciones y un alcance más limitado. Entender estos cambios, revisar la situación particular de cada hogar y buscar asesoría local —en organizaciones comunitarias, iglesias, clínicas o centros de servicios sociales— será clave para no perder un beneficio que, para millones de personas, sigue siendo esencial para que no falten alimentos básicos en la mesa.
Millones de familias en Estados Unidos dependen de los cupones de alimentos SNAP para asegurarse una dieta balanceada todos los meses (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)
