En medio del temor que aún sienten muchas familias migrantes por los recientes operativos de ICE en Los Ángeles, el estado de California dio un paso importante para proteger a los estudiantes. Las nuevas medidas buscan garantizar que los menores puedan asistir a clases sin miedo a ser víctimas de redadas o detenciones dentro de los centros educativos.
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles ordenó a la Oficina de Educación que, en un plazo de 30 días, presente un informe sobre la aplicación de dos leyes clave para las comunidades migrantes: la Ley 49 de Escuelas Seguras y la Ley 98 SAFE, normativas diseñadas para ofrecer seguridad y transparencia ante posibles acciones migratorias en espacios públicos.
La Ley 49 impide que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ingresen a escuelas sin una orden judicial válida, protegiendo los registros académicos de los estudiantes e impidiendo que sean compartidos con autoridades federales. Por su parte, la Ley 98 SAFE obliga a las instituciones educativas a informar a las familias sobre las medidas de resguardo que existen dentro de los campus.
Además, la Junta aprobó destinar 1,3 millones de dólares en fondos no utilizados para reforzar el programa de servicios móviles para inmigrantes del condado, según informó Telemundo. El objetivo es brindar asistencia legal, psicológica y educativa a las familias afectadas por los operativos recientes.
El abogado de inmigración Alex Gálvez celebró la medida y afirmó que representa un alivio para quienes viven con miedo a ser separados de sus hijos. “Estas leyes son un respiro para las familias migrantes que temen por los operativos federales de ICE”, señaló el especialista.
Desde el gobierno estatal, el gobernador Gavin Newsom reiteró su compromiso con las comunidades migrantes a través de una publicación oficial, destacando que el nuevo paquete legislativo establece reglas claras para proteger la seguridad y la privacidad de los inmigrantes, tanto en las escuelas como en los hospitales del estado.
Entre los puntos más importantes, se dispone que las familias deben ser notificadas cuando agentes migratorios lleguen a un colegio, que los registros de estudiantes y aulas solo pueden ser revisados con orden judicial y que las áreas no públicas de hospitales quedan fuera del alcance de las autoridades sin autorización legal.
Además, se exige que los oficiales se identifiquen con nombre o número de placa y se penaliza la suplantación de agentes federales.
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