El comienzo de 2026 mantiene alerta a millones de ciudadanos en Estados Unidos, en especial a los inmigrantes, ya que desde el 1 de enero entran en vigor leyes que los afectarían. Además de perder sus coberturas de salud ante la inminente expiración de los subsidios este 31 de diciembre de 2025, ¿qué otras normativas resultan perjudiciales para este grupo de personas? Averígualo en los siguientes párrafos.
California es uno de los estados con mayor cantidad de inmigrantes hispanos (Foto: Pixabay)
LAS LEYES QUE AFECTARÍAN A LOS INMIGRANTES EN EE.UU. ESTE 2026
Vale precisar que las nuevas leyes estatales que entran en vigor este 2026 están referidas a las elecciones, los permisos laborales remunerados, costo de los seguros de salud y la atención sanitaria. A continuación, más detalles de las que perjudicarían a los inmigrantes.
1. Expiración de los subsidios de salud
Los trabajadores en Estados Unidos que tienen coberturas de salud se quedarían sin protección tras la expiración, el 31 de diciembre de 2025, de los subsidios ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Debido a esta situación, las primas anuales pasarán de US$888 a US$1,904, lo que significa un alza exorbitante de poco más de 214% para casi 22 millones de beneficiarios, entre ellos miles de inmigrantes, señalaron los especialistas de Ogletree Deakins.
Ante esta situación, cabe la posibilidad de que los trabajadores que no puedan costear la cobertura de la ACA (también conocida como Obamacare) sin los subsidios mejorados estarían pensando cambiar de trabajo para obtener una cobertura médica patrocinada por el empleador, pero ¿cuánto tiempo tardarían en reubicarse? Aquí surge el dilema de seguir sin cobertura en su mismo puesto o arriesgarse por buscar una nueva.
Por su parte, el representante demócrata por Colorado, Kyle Brown, quien ha impulsado medidas para destinar fondos estatales a la “Health Insurance Affordability Enterprise” con el fin de amortiguar la pérdida de créditos fiscales de la ACA cuando expiran los subsidios federales, señaló: “Da la sensación de que los estados están solos. Ya no contamos con un socio dispuesto a colaborar en el Gobierno federal, por lo que tenemos que hacer todo lo posible para cuidar de nuestra gente y hacer que la atención médica sea lo más asequible y accesible posible”, publica NBC News.
Los subsidios del ACA están disponibles desde 2014 (Foto: Freepik)
2. Licencia médica y familiar remunerados
Aunque Maine, Delaware y Minnesota implementan desde este 2026 políticas familiares y médicos remunerados, sumándose a los estados que ya ofrecen estos beneficios – como California, Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Washington, Oregón, Colorado, Maryland y el Distrito de Columbia –, hay muchos otros estados en donde no existe una ley estatal que garantice licencia médica y familiar remunerada para todo el sector privado. En esos lugares solo aplica la FMLA federal, que es una licencia sin pago. Una situación que perjudica a gran cantidad de inmigrantes, quienes deben elegir entre perder su salario cuando se ausentan del trabajo por motivos médicos, dan a luz o cuidan de familiares o, simplemente, quedarse laborando pese a la situación complicada que están viviendo.
“Todos los días veo a personas que pasan trabajo. La gente se ve obligada a elegir entre cuidar de sí misma, de sus familiares, de su nuevo bebé y dejar de recibir un sueldo; y esa no es una opción a la que se enfrente el resto del mundo”, señaló la senadora por Minnesota Alice Mann, quien respaldó el proyecto de ley en su estado.
Algunos de los estados en EE.UU. sin programa estatal de PFML para el sector privado son: Alabama, Texas, Florida, Georgia, Arizona, Nevada, y la mayoría del sur y parte del medio oeste del país, entre otros.
Las licencias médicas en varios estados no son remuneradas (Foto: Robin Higgins en Pixabay)
3. Leyes electorales más estrictas
Este 2026 entran en vigor normas electorales más estrictas que se presentan como medidas para impedir el voto de “no ciudadanos”, aunque en la práctica podrían limitar el acceso al voto de inmigrantes que sí son ciudadanos o residentes elegibles. Esta ley federal y estatal impulsa requisitos más duros de prueba de ciudadanía (acta de nacimiento, pasaporte, certificado de naturalización) para registrarse o confirmar el registro. No solo ello, promueve purgas más agresivas de padrones basadas en bases de datos de inmigración.
De acuerdo con organizaciones de derechos civiles y centros de análisis, estas normativas, aunque nominalmente dirigidas a “no ciudadanos”, terminarán afectando sobre todo a ciudadanos naturalizados y votados de origen inmigrante, porque los sistemas de verificación son imprecisos y los datos migratorios suelen estar desactualizados.
“Creo que, especialmente teniendo en cuenta que la Corte Suprema podría restringir realmente la capacidad de los demandantes para presentar demandas relacionadas con la Ley del Derecho al Voto en los tribunales federales, estas leyes estatales sobre el derecho al voto son esencialmente algo a lo que hay que prestar atención en la lucha contra las leyes que podrían suprimirlo”, indicó Chris Vasquez, director de seguimiento legislativo en el Voting Rights Lab, en NBC News.
