El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está adquiriendo de manera acelerada numerosas propiedades con el fin de ampliar su capacidad de detención migratoria; en la práctica, esto supone sumar decenas de miles de camas y levantar mega-centros de detención. Esta estrategia se traduce en un incremento y una mayor rapidez en las intervenciones y deportaciones administrativas, aunque al mismo tiempo despierta una fuerte resistencia en las comunidades locales. ¿Cómo afecta esto a las expulsiones de inmigrantes? La respuesta, en los siguientes párrafos.
LA COMPRA DE PROPIEDADES POR PARTE DE ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están comprando y arrendando grandes almacenes industriales en al menos unas 20 o 24 comunidades para reconvertirlos en centros de detención migratoria. Esta expansión se financia con un paquete multimillonario aprobado bajo el gobierno de Donald Trump, que destinó decenas de miles de millones de dólares para aumentar la capacidad de detención de ICE. Entre sus planes internos están elevar la capacidad de camas de detención en más de 90,000 plazas adicionales, con complejos que en algunos casos podrían albergar entre 8,500 y hasta 10,000 personas en una sola instalación.
El gobierno también está firmando decenas de nuevos contratos de oficinas para ICE a través de la GSA, con más de 100–150 nuevas sedes arrendadas en pocos meses, lo que indica un crecimiento estructural de la agencia (más agentes, más procesamiento de casos), publica la cadena de medios digitales Bisnow.
ICE multiplica sus centros de detención en EE.UU. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")
Objetivos oficiales y no oficiales
Formalmente, ICE argumenta que necesita más plazas para detener a personas mientras se resuelven sus procesos de deportación y para “modernizar” instalaciones, incluyendo tribunales, áreas médicas y espacios religiosos dentro de los complejos.
En la práctica, organizaciones de derechos humanos y analistas interpretan estas compras como una apuesta por un modelo de control migratorio mucho más basado en la detención masiva y prolongada, en lugar de alternativas comunitarias o de supervisión electrónica que son más baratas y menos restrictivas.
Compras del DHS e ICE están sobrevaloradas
Una de las cosas que preocupa es que muchas compras se están realizando de forma rápida, por lo que a veces se paga por encima de los valores de tasación o del mercado, usando mecanismos de contratación más propios del ámbito militar, con poca consulta previa a las autoridades locales. El 3 de marzo, el senador Cory Booker acusó al DHS de apoyar un “increíble imperio de empresas con fines de lucro que se están beneficiando a tasas que nunca hemos visto”. “Pagaste US$129,3 millones por unas instalaciones en mi estado que fueron tasadas en menos de la mitad, en 62 millones de dólares”, le dijo Booker a Noem, publica USA Today.
Otro caso citado fue cuando en febrero el DHS adquirió una bodega vacía en Social Circle, Georgia, por US$128,5 millones, pero el valor actual de la propiedad es de US$29,7 millones, según el sitio web del Asesor Fiscal del Condado de Walton.
Autoridades locales no estaban al tanto de las adquisiciones
Lo peor es que en varios casos, los alcaldes, comisionados del condado, gobernadores y miembros del Congreso se enteraron de las ambiciones de ICE después de que la agencia compró o alquiló espacio para detenidos. Por ejemplo, tras la compra del ICE de la nave de 38,000 metros cuadrados en un parque industrial de Surprise, los funcionarios de esta ciudad, ubicada en el condado de Maricopa, Arizona, señalaron en un comunicado que no estaban al tanto de la compra, pues no habían sido notificados.
“La ciudad desconocía que se estuvieran realizando gestiones para adquirir el edificio, no fue notificada de la transacción por ninguna de las partes involucradas y no ha sido contactada por el DHS ni por ninguna agencia federal sobre el uso previsto a dicho espacio. Es importante destacar que los proyectos federales no están sujetos a regulaciones locales, como la zonificación. En materia de inmigración, las autoridades locales no aplican las leyes federales; si bien no participamos en las operaciones de ICE, tampoco podemos interrumpirlas ni impedirlas”, indicaron el 30 de enero de 2026.
La lejanía de estos complejos respecto a las ciudades complica el acceso a abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
EL IMPACTO EN LAS DEPORTACIONES Y EN LA VIDA DE LOS INMIGRANTES
Con una mayor capacidad de detención, ICE tiene margen para detener a muchas más personas por periodos más largos, incluyendo a individuos sin antecedentes penales graves que antes podían quedar en libertad mientras se tramitaba su caso.
Por lo tanto, con centros gigantes y procesos internalizados (jueces de inmigración, salas de audiencia y oficinas de ICE en el mismo complejo), se facilita acelerar audiencias y órdenes de deportación, lo que previsiblemente aumentará el número total de deportaciones y reducirá el tiempo para preparar defensas legales.
La lejanía de muchas de estas propiedades respecto a zonas urbanas dificulta la visita de familiares, el acceso a abogados pro bono y la supervisión de periodistas y organizaciones civiles, aumentando el riesgo de abusos y de condiciones deficientes.
¿Qué implica esto para un inmigrante sin papeles?
Mayor probabilidad de detención prolongada si ICE ejecuta un arresto, porque habrá más camas y más presión política para “llenarlas”.
Los procesos serán más rápidos dentro de grandes centros, donde se concentran jueces y tribunales de inmigración, lo que reduce el tiempo para reunir pruebas, encontrar abogado y preparar apelaciones.
Por ello se recomienda tener un plan legal previo, conocer tus derechos (guardar silencio, no firmar nada sin asesoría y pedir hablar con abogado) y tener a la mano contactos de organizaciones de apoyo en caso de detención.
