Durante las últimas semanas, el debate sobre el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) volvió a cobrar fuerza en Estados Unidos. El tema ha generado inquietud porque los cambios propuestos podrían modificar la forma en que ciertos beneficiarios acceden a comida preparada, algo especialmente importante para quienes no tienen la posibilidad de cocinar o viven en situaciones de vivienda inestable.
El impulso de esta discusión viene de la nueva iniciativa presentada por la senadora de Iowa, Joni Ernst, conocida como McStopping Chains from Using SNAP EBT to Make Entrees (McSCUSE ME). Esta propuesta apunta directamente al Programa de Comidas en Restaurantes (RMP), que permite usar tarjetas EBT en establecimientos aprobados para adquirir comidas listas para consumir.
Actualmente, el RMP opera en los siguientes estados:
Además, Oregón está desarrollando un programa piloto. En estos nueve estados es donde el impacto sería más evidente si la legislación avanza, ya que concentran la mayor actividad del programa.
La iniciativa busca redefinir quién puede ofrecer comidas bajo el RMP. La propuesta incluye:
Los datos recientes han puesto el tema en el centro del debate federal. Según cifras citadas por la senadora Ernst, en los últimos dos años se gastaron US$524 millones en el RMP, “casi exclusivamente en comida rápida”. Solo California superó los US$475 millones entre 2023 y 2025, mientras que estados como Arizona, Nueva York y Michigan también reportaron gastos considerables. Este nivel de uso explica por qué los cambios se enfocan principalmente en estos territorios.
Paralelamente, varios gobiernos estatales comenzaron a restringir el uso de SNAP para comprar ciertos productos como bebidas azucaradas o refrigerios catalogados como “comida chatarra”. Esto muestra una tendencia hacia controles más estrictos sobre cómo se usan los beneficios.
En zonas con alta presencia migrante —como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Phoenix o Detroit— el RMP se ha convertido en una alternativa importante para personas con dificultades para cocinar o con horarios laborales extensos. Si se limita la participación de restaurantes autorizados, muchos usuarios podrían enfrentar menos opciones disponibles, mayor dificultad para encontrar proveedores cercanos, más gastos de transporte, menor flexibilidad para acceder a comidas calientes, etc.
El proyecto será presentado al Senado, donde podría recibir ajustes o avanzar hacia una votación. Si se aprueba, los estados tendrían que reorganizar su lista de proveedores, actualizar sus reglamentos y cumplir con nuevos requisitos federales de informes y supervisión.
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