El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, suele asociarse únicamente con los cupones de comida. Sin embargo, en los últimos meses se ha convertido en mucho más que eso. Hoy, el debate no gira solo en torno al dinero, sino también a la privacidad, la gestión pública y la seguridad de millones de familias.
De comunicaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y declaraciones de la administración de Donald Trump, uno siente que se pierde en tecnicismos. Pero la situación es clara: el gobierno federal está presionando a los estados para que entreguen bases de datos completas y nominativas de todas las personas que han recibido o solicitado SNAP en los últimos cinco años. Y si no lo hacen, podrían perder fondos clave para administrar el programa… e incluso, según algunas declaraciones, los propios beneficios en breve.
Desde que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, envió las cartas oficiales, los estados han tenido que lidiar con una orden bastante agresiva: mandar un archivo masivo con nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, historiales de solicitud y hasta códigos internos relacionados con el estatus migratorio. El USDA justifica esta recopilación asegurando que es necesaria para “combatir el fraude”, aunque varios funcionarios estatales insisten en que jamás se había pedido algo tan amplio en las seis décadas de existencia de SNAP.
Rollins dejó claro que, si los estados no cumplen, el gobierno podría retirar el dinero federal que se usa para administrar el programa: esto incluye sistemas, oficinas, personal y procesos completos. Y en algunos foros incluso se sugirió que los pagos de beneficios podrían ponerse en pausa. La fecha límite marcada en estas cartas era el 8 de diciembre de 2025, lo que convirtió la situación en una carrera contrarreloj.
Un bloque de entre 21 y 22 estados, junto con el Distrito de Columbia, llevó el tema a los tribunales. Una jueza federal en California detuvo temporalmente la orden original, pero el USDA volvió a la carga con una nueva carta, argumentando que se trataba de una acción distinta y volviendo a vincular el cumplimiento con la amenaza de retirar fondos de administración. Eso, como podrás imaginar, abrió una nueva ronda de impugnaciones legales.
A partir de reportes públicos y reconstrucciones de medios, se identificó que el USDA considera que 28 estados ya cumplieron. Y al cruzar esa información con la demanda presentada por fiscales estatales, surge un grupo claro de estados que podrían ver recortados sus fondos de administración de SNAP si continúan resistiéndose.
Si efectivamente se retiran los fondos de administración, los estados tendrían que operar SNAP casi a ciegas: menos personal, menos capacidad para procesar solicitudes, más retrasos, sistemas colapsados y, por supuesto, más familias en riesgo de no recibir asistencia a tiempo. Algunos gobiernos estatales han dicho que sería “insostenible”, sobre todo en estados donde el costo de vida ya presiona a los hogares de bajos ingresos.
Mientras la batalla avanza en los tribunales, queda claro que la administración Trump ha adoptado una postura de línea dura, mientras que los estados argumentan que proteger la privacidad y garantizar el acceso al programa es prioridad. En medio de todo esto están millones de personas que dependen de SNAP para cubrir necesidades básicas.
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