La administración de Donald Trump enfrenta una nueva controversia en materia migratoria tras una interpretación emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (DOJ). Según este criterio, los estados que reciben recursos federales para ciertos programas de ayuda tendrían que notificar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuando sus agencias identifiquen a personas que se encuentran en el país sin autorización migratoria. La medida ha causado inquietud en las comunidades inmigrantes y entre quienes defienden a las familias que reciben asistencia pública. ¿Tiene el DOJ autoridad para solicitar esta información? Aquí explicamos en qué consiste la disposición, qué datos podrían entregarse y cuáles programas de apoyo podrían verse involucrados.
¿Puede el DOJ retirar fondos a estados que no compartan datos de migrantes? (Foto: EFE)
¿CUÁL ES EL ALCANCE DE LA OPINIÓN DEL DOJ?
La opinión de la Oficina de Asesoría Legal, emitida el 1 de septiembre, sostiene que el Congreso definió de forma amplia el término “Estado” en la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996. Bajo esa interpretación, cuando un estado participa en determinados programas federales de asistencia, como TANF y SSI, la obligación de reportar no recae únicamente en la agencia que administra esos beneficios, sino en todas las agencias que integran el gobierno estatal. Estas deberían informar al DHS sobre las personas que sepan que no se encuentran legalmente en EE.UU.
“El Congreso redactó este requisito con claridad. Cuando un estado decide participar en el programa TANF, acepta la obligación de informar sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Los fondos públicos destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deberían, paradójicamente, fomentar la entrada ilegal al país, sino más bien reforzar nuestras leyes y nuestras fronteras”, declaró el fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser, de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.
Por su parte, Joshua Craddock, fiscal general adjunto de la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ y autor del dictamen, señaló: “Nuestra aclaración no impone nuevas obligaciones a los estados. Simplemente restablece el significado original de la ley promulgada por el Congreso y garantiza que el DHS reciba la información a la que tiene derecho legalmente. Los estados que aceptan fondos del TANF deben cumplir con la ley federal, y el incumplimiento puede acarrear graves consecuencias, incluida la pérdida de la financiación del programa”.
¿EN REALIDAD EL DOJ PUEDE EXIGIR DATOS DE LOS MIGRANTES?
Aunque el Departamento de Justicia sostiene que sí puede exigirlo como condición para que los estados reciban fondos federales de ciertos programas de asistencia, hay que tener claro que esa posición no es una ley nueva ni una orden judicial definitiva: es una interpretación legal reciente de su Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel, OLC) y es probable que enfrente impugnaciones en los tribunales.
Y no es para menos, los estados podrían cuestionar esta interpretación argumentando que el gobierno federal no puede imponer nuevas condiciones a fondos ya autorizados por el Congreso mediante una opinión interna, ni obligar a funcionarios estatales a participar en labores migratorias federales.
La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, señaló en un correo electrónico a CNBC: “La administración Trump sigue intentando coaccionar a los estados para que adopten su agenda de odio, esta vez intentando reescribir leyes que datan de hace décadas. Estamos evaluando la opinión de la OLC”.
¿TANF o SSI pueden poner en riesgo la privacidad de datos migratorios? (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)
¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE PODRÍAN COMPARTIRSE?
El DOJ plantea que los estados tendrían que comunicar al DHS información de identificación de personas cuya presencia no autorizada sea conocida por una agencia estatal. Reportes sobre la opinión señalan que esto podría incluir nombre, dirección y otros datos identificatorios.
Sin embargo, es importante distinguir que la interpretación no crea por sí sola una obligación independiente como lo haría una ley aprobada por el Congreso o un reglamento federal con proceso formal, pero expresa la postura oficial del poder ejecutivo sobre cómo aplicará o hará cumplir una norma existente, y el DOJ ha advertido que el incumplimiento podría poner en riesgo fondos de TANF y SSI.
¿TODOS LOS PROGRAMAS DE AYUDA SERÁN AFECTADOS?
No necesariamente. La postura anunciada está vinculada de forma específica a los fondos de TANF y SSI, pero esto no significa automáticamente que cada programa estatal o local de comida, salud, vivienda, educación o ayuda de emergencia deba entregar expedientes migratorios al DHS.
No obstante, el alcance que propone el DOJ es muy amplio: como todos los estados reciben fondos de esos programas, la interpretación abarcaría a todas las agencias de cada gobierno estatal, incluso si una agencia no administra directamente TANF o SSI. Por ello, esa amplitud es precisamente la parte más controvertida de la medida.
Cabe mencionar que:
- TANF (Temporary Assistance for Needy Families) está dirigido a familias de bajos ingresos.
- SSI (Supplemental Security Income) está destinado a personas mayores, ciegas o con discapacidad que cumplen requisitos económicos.
