California dio un nuevo paso en la protección de los trabajadores más vulnerables. El gobernador Gavin Newsom promulgó una ley que busca proteger a los vendedores ambulantes, muchos de ellos inmigrantes, frente a redadas, persecución y posibles deportaciones por parte del ICE, la agencia federal de inmigración. La medida, conocida como ‘Street Vendor Business Protection Act’, marca un cambio importante en la forma en que el estado trata a quienes viven del comercio en las calles.
Durante años, miles de vendedores ambulantes han trabajado con miedo a ser sancionados o detenidos por no contar con todos los permisos requeridos. La nueva ley busca poner fin a ese temor y reconoce que este sector representa un motor económico y cultural clave para las comunidades de bajos recursos.
Según el texto legal aprobado por la Legislatura, el trabajo en las calles “provee importantes oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico” para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral formal.
Además, el Estado destaca que la venta callejera favorece la vida comunitaria, amplía el acceso a productos y alimentos culturalmente relevantes y dinamiza los espacios públicos. Por ello, el texto advierte que la seguridad y el bienestar de la población mejoran cuando los gobiernos locales eligen apoyar y no criminalizar a estos trabajadores.
La normativa también corrige décadas de políticas que impusieron sanciones penales a quienes intentaban ganarse la vida en la vía pública. Estas medidas afectaron especialmente a inmigrantes latinos, que enfrentaban multas, decomisos y, en algunos casos, detenciones vinculadas a su estatus migratorio.
Una de las principales disposiciones de la ‘Street Vendor Business Protection Act’ es la protección de los datos personales de los vendedores. La ley prohíbe que las autoridades locales compartan información como nombres, direcciones, números de identificación o registros fiscales con agencias migratorias sin una orden judicial válida.
La Legislatura advirtió que los programas de permisos locales “recolectan y almacenan información sensible que podría usarse para la deportación si se comparte con agencias federales”. Por eso, las ciudades y condados no podrán ofrecer acceso voluntario a esos registros y cualquier solicitud de información deberá pasar por un juez.
Además, las bases de datos creadas antes de 2026 que incluyan antecedentes penales o el lugar de nacimiento de los vendedores deberán eliminarse antes del 1° de marzo de ese año, salvo que una ley exija conservarlas.
La protección también alcanza a los vendedores de alimentos móviles, un sector muy vigilado por las autoridades sanitarias. La norma impide que los funcionarios revisen el estatus migratorio o los antecedentes penales de los solicitantes de permisos y prohíbe toda cooperación con las agencias encargadas de hacer cumplir leyes de inmigración.
Aunque la ley no limita los casos en los que el intercambio de información esté amparado por el Código federal, establece un marco claro de garantías para evitar abusos.
Al aprobar esta ley, Newsom busca fortalecer el estatus de California como referente nacional en materia de protección migratoria, apostando por políticas que prioricen el bienestar de las comunidades extranjeras sobre la cooperación con el ICE.
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