El presidente Donald Trump comenzó con su política migratoria en Estados Unidos ni bien asumió el poder, generando todo tipo de reacciones. Mientras que varios están a favor de las deportaciones masivas a los indocumentados, otros critican la manera como se están llevando a cabo las intervenciones. A raíz que el republicano considera a todos “criminales”, algo que fue reafirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien aseguró que miles de personas arrestadas tienen un “récord criminal” por estar en el país norteamericano de forma irregular, nos preguntamos si realmente deben recibir ese calificativo. La respuesta en las siguientes líneas.
Tomando en cuenta que en Estados Unidos hay más de 11 millones de personas extranjeras sin un estatus legal, estas corren el riesgo de ser intervenidas en las redadas que se ejecutan en diferentes ciudades, hecho que ha sido aplaudido por los republicanos. “Es un gran cambio cultural en nuestro país ver a alguien que rompe con las leyes migratorias como criminal, pero eso es exactamente lo que son”, señaló Leavitt durante una rueda de prensa.
Pero ¿realmente son criminales? De acuerdo con la ley estadounidense, vivir en el país norteamericano sin autorización o estatus legal no es una falta criminal sino civil; por lo tanto, señalar que los indocumentados ya tienen un “récord criminal” por no tener sus papeles en regla es completamente falso.
Ahora, la figura cambia de acuerdo con las circunstancias que se presenten. Por ejemplo, si un inmigrante cruza la frontera sin inspección o intenta ingresar a Estados Unidos luego de haber sido deportado, sí está tipificado en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave, precisa EFE.
En la última década, el Gobierno de EE.UU. ha judicializado agresivamente los casos contra aquellos extranjeros que infringen las leyes, lo que llevó consecuencias negativas para los migrantes o solicitantes de asilo. Una de las medidas más duras fue la separación de familias, precisa un informe de la organización American Immigration Council.
Después que Trump asumió por segunda vez la presidencia, una de las órdenes ejecutivas que firmó el mismo 20 de enero fue solicitar al Departamento de Justicia “priorizar” la judicialización de las personas por “entrada indebida” y por “presencia sin autorización continuada”.
Para lograr su cometido, extendió la facultad del Departamento de Seguridad Nacional a otras agencias del Departamento de Justicia con el propósito de que todos detengan a los inmigrantes ilegales.
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