El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudó la emisión de las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA), como parte del Parole humanitario. Conoce a los ciudadanos de qué países beneficia la medida y qué medidas de seguridad serán exigidas a los patrocinadores, luego de que se detectaran varios casos de fraude en las solicitudes.
El permiso de permanencia temporal (Parole) humanitario, que se otorga a extranjeros que de otro modo serían inadmisibles para ingresar a Estados Unidos, fue implementado en octubre de 2022. En principio estaba dirigido solo a venezolanos, pero en enero de 2023 se amplió a nicaragüenses, cubanos y haitianos, las nacionalidades más representadas en ese momento entre los inmigrantes irregulares que llegaban a la frontera sur de EEUU.
Si bien el Parole humanitario ha vuelto, ahora la revisión será más rigurosa. Los patrocinadores serán sometidos a revisiones de los antecedentes penales, registros financieros y las huellas dactilares. Deben pasar por el control biométrico en las oficinas de inmigración en la fecha y hora asignará a través de medios digitales.
“Luego, el gobierno de Estados Unidos revisará la información de la persona de apoyo proporcionada en el Formulario I-134A para asegurarse de que puedan apoyar financieramente a los beneficiarios a los que están de acuerdo en apoyar”, indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis), a discreción de la agencia, debe investigar y confirmar a las personas de apoyo antes de que estas puedan avanzar en el proceso. Se revisará caso por caso.
Una persona que tiene un estatus legal permanente o temporal ha demostrado tener recursos financieros suficientes para recibir, mantener y apoyar a la persona o personas a quienes se ha comprometido a apoyar durante la duración de su estadía en Estados Unidos. A continuación, estos son ejemplos de personas que cumplen con el requisito de persona de apoyo incluyen:
Los requisitos se endurecieron debido a que un informe de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional reveló que había casos de fraude. Las pruebas incluyen el uso de números de Seguro Social (SSN) falsos o de personas fallecidas, así como la presentación de números de teléfono falsos y solicitudes incluían la misma dirección física. Por ejemplo, se incluyeron 100 direcciones en más de 19,000 formularios y muchos solicitantes de libertad condicional presentaron su solicitud desde una única propiedad (incluido un parque de casas móviles, un almacén y una unidad de almacenamiento).
Las autoridades detectaron, además, que muchas solicitudes se presentaron con la misma dirección IP y que más de 10,000 solicitantes utilizaron las mismas respuestas a las preguntas del Formulario I-134A.