De acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Regional (Incore), elaborado por el IPE, Arequipa se ubica en el puesto 4 (de 25 departamentos) en cuanto a desarrollo económico y social.
Si bien ocupa los primeros lugares en pilares como Salud, Laboral, Infraestructura y Educación, también se encuentra en la última posición en el de Instituciones, debido, principalmente, a las mayores tasas de homicidios y criminalidad, así como a la menor tasa de resolución de expedientes judiciales.
Asimismo, según cifras del INEI, para el 2020, la población de Arequipa en situación de pobreza es un 18.6%, mientras que el 34.6% es considerado pobre multidimensionalmente, es decir, que no cuenta con al menos un servicio básico que garantice una calidad de vida mínima.
Si hablamos de salud, podemos mencionar que el porcentaje de menores de cinco años con desnutrición crónica es de 6%, por debajo del promedio nacional (12.1%). Además, el número de médicos por cada 10,000 habitantes es de 45.3, superior al promedio nacional (26.4).
En lo que respecta a educación, el porcentaje de analfabetismo en la población de 15 años a más fue de 3.1%, por debajo del promedio nacional (5.5%). Asimismo, el 72.6% de colegios privados y públicos cuenta con acceso a electricidad, agua y desagüe, muy por encima del promedio nacional (41.4%).
En los últimos años, la extracción de petróleo, gas y minerales se posiciona como la principal actividad productiva del departamento. Entre el 2008 y 2019, esta creció a una tasa promedio anual de 6.3%, al pasar de S/ 5,587 millones a S/ 10,953 millones. Sin embargo, debido a la pandemia, registró una caída de 22.8% en el 2020.
En cuanto al desempeño de sus exportaciones, estas crecieron a una tasa promedio anual de 17.1%, en el periodo 2001-2019, lideradas por los envíos de minerales. En el 2020, las exportaciones registraron un total de US$ 3,725 millones, un 18.7% menos que en el 2019.
Entre los principales destinos de las exportaciones del departamento figuran China, Japón, Estados Unidos, Canadá y Suiza, y los principales productos de exportación son el cobre, el oro, el molibdeno, la plata y el pelo fino de alpaca.
En lo que se refiere a las micro y pequeñas empresas del departamento, en el 2020, el 78% de estas unidades de negocios fue informal; sus ventas anuales registraron una caída de 68% en ese mismo año, al pasar de S/ 9,478 millones a S/ 3,043 millones; y su Índice de Capacidad Formal no supera el 0.26, lo cual lo ubica en el puesto 3 respecto de los demás departamentos a nivel nacional.
Adicionalmente, en un departamento dotado con atractivos turísticos, un sector por mencionar es el de alojamiento y restaurantes, ligado fuertemente al turismo. El PBI del sector alcanzó un crecimiento promedio anual de 5.3% en el período 2010-2019, pues se incrementó de S/ 412 millones a S/ 653 millones. En el 2020, como consecuencia del COVID-19 y las acciones tomadas para frenarla, registró una caída de 51%.
Arequipa, si bien evidencia resultados positivos en materia económica, salvo en lo que se refiere a la actividad turística, presenta falencias en la ejecución de sus recursos públicos, tanto a nivel regional como local.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto público por habitante de Arequipa ha crecido un 62% en la última década, al pasar de S/ 2,521 a S/ 4,094, mientras que el promedio nacional lo hizo en un 68%.
En el periodo 2011-2020, los Gobiernos locales concentraron el 48% de la inversión pública. No obstante, su ejecución no ha superado el 65% y, en los últimos años, presenta una tendencia a la baja, pues pasó de un 57% de ejecución en el 2018 a un 47% en el 2020. Por su parte, el Gobierno regional concentró el 30% del gasto en inversión pública de la última década y, en el 2020, ejecutó el 59% del presupuesto asignado, con un saldo de S/ 290 millones.
Cabe mencionar que, en el período 2011-2020, el 44% de la inversión pública de los Gobiernos subnacionales de Arequipa ha sido financiado con recursos del canon, sobrecanon y regalías; asimismo, a tres meses de finalizar el 2021, la ejecución de la inversión pública del Gobierno regional alcanzó un 43% y la de los Gobiernos locales, un 42%.
Para traducir el crecimiento económico del departamento en mejores bienes y servicios públicos, no hacen falta cambios normativos, menos aún en la Constitución, sino que urge un uso oportuno y correcto de los recursos públicos.