La petrolera estatal venezolana PDVSA está proponiendo una profunda reestructuración que transferiría gran parte de sus actuales actividades a empresas privadas, según un documento visto por Reuters.
Si se concretan, tales reformas darían marcha atrás a una serie de cambios orquestados por el expresidente Hugo Chávez durante más de una década para imponer el control del Estado sobre la industria petrolera de la nación socia de la OPEP.
La producción de crudo de Venezuela se ha desplomado de unos 3 millones de barriles por día (bpd) cuando Chávez asumió el cargo, en 1999, a solo 700,000 bpd después de años de mala administración y, más recientemente, fuertes sanciones de Estados Unidos destinadas a presionar la salida del ilegítimo presidente Nicolás Maduro.
En una presentación de marzo, la jefatura de planificación de PDVSA recomendó a un comité, designado por Maduro para reestructurar la industria, reducir el subsidio a la gasolina, permitir a empresas privadas operar y tomar mayores participaciones en campos petroleros y refinerías propiedad de la compañía y dejar de lado los negocios no petroleros.
Las propuestas son vistas como una forma de atraer la inversión privada al país, que vive en recesión desde hace seis años.
“Para lograr el objetivo de incrementar la producción y devolver a Venezuela el rol protagónico en el mundo petrolero se hace necesario y urgente la reestructuración de Petróleos de Venezuela”, dice el documento.
El plan incluso sugiere cambiar el color del logotipo de la compañía al negro desde el rojo asociado al socialismo.
Maduro reemplazó el lunes a Manuel Quevedo, general de la Guardia Nacional, del doble papel de presidente de PDVSA y ministro de Petróleo.
El mandatario designó a Tareck El-Aissami, actual vicepresidente de economía, como ministro de Petróleo. El funcionario es visto por algunos como un defensor de la liberalización de la economía al flexibilizar restricciones a la importación y permitir el uso de moneda extranjera.
Es probable que la propuesta enfurezca a algunos miembros del partido oficialista, que argumentan que tales movimientos hacia políticas económicas de libre mercado equivalen a una traición al legado de Chávez.
“Cualquier gobierno en Venezuela va a necesitar producir petróleo y para ello va a necesitar a PDVSA. El daño que harán con esto es enorme”, dijo Rafael Ramírez, quien como ministro de Energía y presidente de PDVSA supervisó la reestatización del sector bajo el mando de Chávez.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los planes proponen además permitir a firmas privadas operar proyectos productivos bajo nuevos acuerdos de servicios, licencias y empresas mixtas, incluyendo campos con masivas reservas que siempre han sido operados por PDVSA, y comercializar ellos mismos el crudo.
Según el modelo de acuerdos de servicios incluido en la propuesta, PDVSA pagaría una tarifa a otras empresas petroleras por la operación de campos.
El documento también plantea reducir la participación de PDVSA en varias empresas mixtas a 50.1%, desde el 60% actual.
“Es una apertura desordenada”, dijo Antero Alvarado, director de consultoría Gas Energy Latin America, en Caracas. “Lo estás haciendo en medio de sanciones”, agregó.
¿Quién está adentro?
Si bien la mayoría de las grandes petroleras y firmas de servicios probablemente no estarían interesadas en esta eventual apertura debido a las sanciones, algunas compañías venezolanas y otras que operan al margen de las medidas punitivas impuestas por Washington podrían sentirse atraídas, dijo Raúl Gallegos, director de la consultoría Control Risks en la región andina.
La propuesta recomienda que PDVSA mantenga su participación del 60%-70% en las cinco empresas conjuntas más productivas de Venezuela. También argumenta que la estatal venezolana debería abandonar los negocios no petroleros, que surgieron durante la era de Chávez en áreas como la agricultura, y vender acciones en filiales en toda América Latina.
Sugiere mantener la propiedad de Citgo, la subsidiaria de refinación de PDVSA en Estados Unidos que es controlada por la oposición venezolana desde que Washington impuso las sanciones a la estatal el año pasado.