En el primer trimestre del año, la transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Centro generados por la actividad minera, que incluyen el canon minero, regalías mineras legales y contractuales, como también derecho de vigencia y penalidad, sumaron más de S/ 1,095 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El Minem sostuvo que esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Centro -que comprende a las regiones de Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica- contribuye, entre otros aspectos, a la continuidad de las actividades económicas regionales.
El documento estadístico precisa que solo en las transferencias por canon minero a marzo de 2023 se alcanzó una cifra superior a los S/ 972.8 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores en beneficio directo de la población.
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Asimismo, las transferencias por el concepto de regalías mineras legales y contractuales, entre enero y marzo, sumaron más de S/ 121 millones.
Cabe mencionar que el monto registrado es transferido a los gobiernos locales, regionales y nacionales y parte de ello se destina a las universidades públicas, con la finalidad de promover la investigación científica y tecnológica.
Además, las mencionadas regiones recibieron por derecho de vigencia y penalidad un monto que supera el millón de soles, que proviene del pago que realizan los titulares para mantener vigente su concesión minera, inclusive si no se encuentran realizando algún tipo de actividad.
¿Que región del centro recibió más por actividad minera?
Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Centro, se señaló que la región Áncash recibió S/ 702 millones, ocupando el primer lugar; seguida de Ica, que durante este lapso de tiempo recibió más de S/ 254 millones, producto de esta actividad económica. En tercer lugar Lima, que recibió más S/ 53 millones.
El Minem destacó que los recursos generados por la minería constituyen una fuente importante de financiamiento para los gobiernos subnacionales, ya que ello les permite ejecutar proyectos públicos que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
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