¿Influye la situación política en la evolución económica?

En los últimos meses los escándalos políticos han sido pan de todos los días. ¿Influye en la evolución económica? Partamos de reconocer que la economía peruana se viene desacelerando desde 2011, luego de un período de crecimiento excepcional entre 2002 y 2010 (a excepción de 2009, por los efectos de la primera crisis financiera internacional del siglo XXI). El cambio en el entorno económico externo, de favorable a desfavorable, ha sido una pieza clave en el desenlace mencionado.

A pesar del ciclo de fuerte crecimiento registrado entre 2002 y 2011, los beneficios del crecimiento no llegaron, ni llegan,  a todos. El estado no cumple con su función básica: garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos (la “inclusión”).  Pensemos en educación, salud, seguridad, caminos rurales, etc. Naturalmente el ciudadano de a pie se cuestiona de qué sirven las cifras si no se reflejan en sus bolsillos.

¿Cómo podrían llegar? El crecimiento económico, a través de la recaudación tributaria, “financia” el gasto que hace el estado. El crecimiento económico le otorga el dinero al estado para que este gaste y cumpla con su función. Por eso el crecimiento es una condición necesaria (genera los recursos) pero no suficiente (depende de cómo gaste el estado) para que aumente el bienestar. El crecimiento económico es un medio y no un fin en sí mismo.

¿Quiénes toman las decisiones sobre cuánto y cómo gasta el estado? Desde luego, lo que llamamos “la clase política”, es decir, ministros, congresistas, funcionarios públicos, partidos políticos, entre otros. ¿Por qué no toman las decisiones que la ciudadanía considera correctas? ¿Por qué se espera un crecimiento de 0% este 2014, tanto en la inversión pública como en la privada?

La relación entre política y economía tiene una doble causalidad; por un lado, si la economía no va bien, los políticos que dirigen el país aparecen como los primeros culpables por que no tomaron decisiones correctas o si lo hicieron, fueron erradas y generaron confusión e incertidumbre entre los inversionistas y público en general; por otro, si la economía va bien, es natural esperar que vaya “bien” para las grandes mayorías y eso está relacionado con reformas claves en los servicios básicos, como educación y salud. Si las instituciones políticas “no funcionan”, entonces estamos lejos de legislar en torno de reformas claves y el avance económico tiene un límite. Existen dos escenarios para implementar reformas: a través del consenso (democracia) o de manera vertical (autoritarismo). El primer camino es más largo, pero conduce a resultados más sostenibles y es el mecanismo normal de las democracias representativas. El segundo tiende a ocurrir en gobiernos con características autoritarias.

La democracia es el gobierno del pueblo, pero como todos no pueden gobernar, los ciudadanos eligen a algunos de ellos para que los representen, tanto en el poder ejecutivo como en el congreso. Muchas veces ocurre que la “clase política” olvida dos cosas: por un lado, que “representa” a todos, por lo que no puede decidir lo que se le antoje; por otro, cuando cualquier persona paga impuestos, financia los ingresos de los “representantes”. En otras palabras, los congresistas o representantes son los intermediarios entre la población y quienes deciden. Este escenario ideal funciona mejor cuando existen partidos políticos sólidos, de alcance nacional que canalicen las demandas de los ciudadanos, algo inexistente en el caso peruano. El problema es que cuando no funciona, se abre el camino a regímenes autoritarios.

Ahora bien, ¿se cumple el escenario ideal en el Perú? Mi opinión es que no y una prueba de ello son los bajos niveles de aprobación, tanto de congresistas como clase política en general. Los ciudadanos no nos sentimos representados por quienes elegimos. Lo que observamos es que no saben cómo lograr consensos (cada uno ve su propio interés), promesas sin medir las consecuencias y solo con un afán electoral, escándalos de corrupción que hacen que los congresistas  pasen el tiempo fiscalizándose unos a otros sin discutir leyes a favor del desarrollo del país, etc. Y eso tiene un impacto sobre la economía.

Por un lado, no avanzan las reformas pues ni siquiera se discuten y es sabido que un país que no invierte bien en su propio capital humano, no tiene posibilidades de sostener el crecimiento futuro; por otro, la economía “crece menos que lo que podría crecer”, pues la incertidumbre y la sensación de caos generan que se posterguen inversiones nacionales y extranjeras.  En el mediano plazo es muy complejo tener una “buena economía” con una “mala política”, pues no es sostenible la primera sin la segunda. Súmele, estimado lector, que 2015 será un año prelectoral y pronto aparecerán las promesas infinitas y aquellas personas que dicen “tener la solución”.  Los peruanos ya conocemos ese escenario. Una decisión de inversión requiere de un contexto estable y sostenible. La política no está divorciada de la economía, aunque parezca que sí.