La ANIN: Gestando una reforma estructural

El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley creando la Autoridad Nacional para la Infraestructura (ANI). Para evaluar si la propuesta es acertada, pasemos a describir los principales problemas que tenemos para cerrar brechas de servicios públicos y para ejecutar, en general, proyectos de inversión.

Primero, dispersión. Muchos agentes haciendo cosas parecidas desarticuladamente, repartidos en 4 niveles de gobierno. Segundo, debilidad institucional, con diversos responsables sin entrenamiento, capacidad profesional, con precariedad en su contratación, sin estabilidad.

Tercero, un sistema de evaluación de las intervenciones, el famoso invierte.pe, que no es precisamente eficiente y que no filtra en función a prioridades de servicios que tenga en la base una planificación con mirada territorial, en la que se evalúe no solo cada proyecto, sino el impacto que tendrá en el territorio.

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Por ejemplo, cuando se promueve un proyecto como Chinchero o Majes, no se trabaja de inmediato en proyectos de vivienda, servicios de agua y desague y otros para la población que naturalmente se desplazará a vivir a estas zonas por el crecimiento que tendrán. CEPLAN tiene un rol que cumplir en esto.

Cuarto, procesos administrativos obsoletos, tanto de presupuesto como de adquisiciones, en los que el presupuesto no es algo que te permite gestionar, sino una especie de partida de nacimiento condicionada a autorizaciones posteriores y las reglas de adquisiciones están pensadas para el litigio y la confrontación.

Quinto, un sistema de control mal aplicado, que ahorca al funcionario, porque ahí donde hay una opinión distinta de un auditor respecto a cómo debieron hacerse las cosas, habrá un proceso sancionador, lo que hace que tengamos funcionarios que prefieren ir a un arbitraje o juicio para que les digan cómo actuar, o no decidir nada, antes que arriesgarse a tomar decisiones autónomamente.

Hay muchos más problemas, fundamentalmente los relacionados con los incentivos a desarrollar proyectos populistas de rápida ejecución e inauguración, antes que aquéllos que son los realmente trascendentes. Es mucho más atractivo inaugurar un hospital que una posta de salud o una obra de defensas ribereñas, por ejemplo.

Está claro que debemos armar todo de nuevo, porque como estamos, seguiremos construyendo cosas que luego no tienen mantenimiento, o haciendo colegios que no tienen agua y desagüe o electricidad, y así muchos otros sin sentidos.

Ahora, ¿cuál es la mejor manera de desarmar todo este andamiaje desordenado y enredado que tenemos? Podemos hacer lo que se llama un ¨big bang¨y ordenarlo todo de golpe, pero eso supondría inmensos riesgos de parálisis hasta que la nueva organización esté lista, lo cual puede tomar cuando menos un par de años.

La alternativa es crear algo que sea el germen del futuro, que tome progresivamente las funciones de los distintos sectores en función de las prioridades que se fije en un proceso de planificación que debe ser transparente y técnico.

Tengamos en cuenta aquí que entrar al “salón VIP” de la inversión pública que debería ser la ANIN, debe tener un claro criterio técnico para evitar la negociación política de qué ingresa y qué no, para lo cual es fundamental que el Ministerio de Economía asuma institucionalmente esta función planificadora. Además, es crítico que, una vez asumido un proyecto por esta instancia, el sector ya no intervenga y que se le de la opción de mirar integralmente otras intervenciones complementarias en ese territorio.

Lograr esto ya sería un tremendo logro porque si se hace bien, luego se pueden ir sumando programas completos y en paralelo se puede ir ajustando leyes de distintos sistemas administrativos como presupuesto, adquisiciones, e incluso los criterios de cómo se usan los fondos descentralizados para que el esfuerzo fiscal en todos los niveles de gobierno responda a prioridades nacionales y no a antojos políticos de corto plazo.

No es lo que se ha propuesto. La iniciativa legislativa supone un manejo más político de los grandes proyectos, con una lista ¨corta¨ que es la que tiene el Plan de Infraestructura más las obras de la ARCC, pero con la posibilidad de ampliarla sin límite en cantidad y relevancia, porque basta el criterio político del Consejo de Ministros.

Juntar obras de prevención, soluciones integrales y nuevos proyectos supone un gran riesgo en el arranque de una nueva institución que debiera empezar por enfocarse en lo realmente prioritario.

Sumemos que no se ha previsto ningún proceso transparente y meritocrático para la designación de su jefe, al que además se le da 4 años de estabilidad en el cargo, y no se hace mención alguna de cómo sería el régimen de oposición para ingresar a prestar servicios a esta organización y cómo se garantizaría que no se usen criterios políticos en ese proceso.

Ello sin mencionar que es indispensable impulsar las asociaciones público privadas y las OXI y precisar cuál será el rol de Proinversión, entidad que vemos reactivada los últimos meses y respecto a la cual no se dice nada en el proyecto de ley. Evitemos tener una instancia más a las ya existentes para sacar adelante estos procesos (muchos proyectos del PNISC son ahora competencia de Proinversión).

Ojalá no perdamos la oportunidad de germinar una futura autoridad autónoma, profesional, eficiente, que logre darle verdadero valor al esfuerzo que hacemos todos los contribuyentes pagando impuestos y esperando servicios públicos que hoy por hoy llegan poco y mal.

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