
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, decidió respaldar una controvertida propuesta que busca modificar la manera en que Amazon y otras grandes empresas gestionan las entregas de última milla en la ciudad. La iniciativa obligaría a los operadores de estas instalaciones a contratar directamente a los trabajadores, en lugar de depender de empresas subcontratadas.
Mamdani expresó el lunes su apoyo a la Delivery Protection Act, una iniciativa respaldada por el sindicato Teamsters que prohibiría a las compañías subcontratar determinadas tareas relacionadas con los almacenes y las entregas y exigiría la contratación directa de los trabajadores.
“Corporaciones como Amazon construyen modelos de negocio de miles de millones de dólares aislándose de la responsabilidad mediante un sistema de subcontratación explotador”, afirmó el alcalde en un comunicado publicado en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Nueva York.
Mamdani también calificó la propuesta como una medida de “sentido común” que, según su postura, protegería a los trabajadores de reparto, a las comunidades donde funcionan estas instalaciones y obligaría a las empresas a asumir las consecuencias de sus prácticas comerciales.
Sin embargo, los opositores sostienen que el cambio podría terminar aumentando el costo de las entregas para los consumidores. Un estudio de la consultora AKRF citado por el New York Post estima que la medida podría representar $664 adicionales al año para los hogares de Nueva York en la compra y recepción de productos.

Amazon advierte sobre empleos y entregas más caras
Amazon trabaja actualmente con más de 40 socios locales de servicios de entrega que emplean a más de 5,000 personas en la ciudad. Meses atrás, la compañía advirtió que la legislación podría llevarla a considerar el traslado de sus operaciones de reparto fuera de los cinco distritos.
“Estamos comprometidos con crear buenos empleos, apoyar a nuestros miles de empleados y socios locales de pequeñas empresas en la ciudad de Nueva York y ofrecer entregas rápidas y confiables para los neoyorquinos”, dijo Kelly A. Nantel, portavoz de Amazon, en conversación con el medio citado.
“Pero tal como está redactada, esta legislación socavaría directamente ese compromiso, amenazando a las pequeñas empresas que realizan las entregas a los clientes, poniendo en riesgo los empleos de más de 5,000 de sus empleados y obligándonos a considerar trasladar las operaciones de entrega fuera de la ciudad”, agregó.
Empresarios también rechazan la medida
La oposición al proyecto también incluye a trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. La coalición New York Delivers sostiene que la propuesta, identificada como Intro 518, podría poner en riesgo hasta 10,000 empleos relacionados con las entregas, incluidos unos 3,500 puestos de última milla en Harlem y cuatro distritos municipales cercanos.
Rudy Cazares, un empresario nacido en Nueva York que opera un socio de servicios de entrega de Amazon y además trabaja como contratista de FedEx, aseguró que la medida podría acabar con su negocio. “Tendría que cerrar mi negocio. No tendría negocio”, dijo Cazares.
El empresario explicó que actualmente emplea a unas 130 personas y aumenta su plantilla durante periodos de alta demanda, como las fiestas de fin de año. Según señaló, sus conductores comienzan ganando $23.75 por hora y los trabajadores con mayor experiencia pueden llegar a unos $27 por hora.

“Todos mis empleados son W2, ya sean de tiempo completo o de tiempo parcial, con beneficios y pagando impuestos sobre la nómina”, afirmó Cazares. También rechazó la idea de que empresas como la suya simplemente funcionen como intermediarias entre Amazon y los repartidores, pues aseguró que contratan a sus propios empleados y operan sus propios vehículos.
La disputa ahora enfrenta a los defensores de una mayor protección laboral contra Amazon, empresarios y otros sectores que advierten sobre las consecuencias económicas de eliminar el actual sistema de subcontratación.
Mientras el proyecto avanza en el Concejo Municipal, algunos funcionarios también pidieron cautela para evitar efectos no previstos.
“Queremos asegurarnos de no tener consecuencias no deseadas”, dijo Carlos Ortiz, subcomisionado de asuntos externos del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, durante una audiencia del Concejo en abril.






