
Debido al despliegue de sistemas tecnológicos avanzados por partes de las autoridades de EE.UU., el tránsito fronterizo se ha vuelto complejo y restrictivo para los inmigrantes. Estas nuevas herramientas de identificación biométrica han generado confusión, alterando la dinámica de viaje de miles personas. Por lo tanto, es crucial que sepas cómo operan estos mecanismos de vigilancia.
La regla se ejecutará desde este 26 de diciembre en los aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos del territorio estadounidense. En ese caso, ningún extranjero puede evitar o rechazar estos controles en los puntos anteriormente mencionados.
Como parte del nuevo protocolo de seguridad, el procedimiento señala que las autoridades tomarán huellas digitales, una fotografía facial y, en casos excepcionales, se incluirá el escaneo del iris y la grabación de la voz.

Entonces, aquellos migrantes turistas, trabajadores, estudiantes, diplomáticos y aquellos con residencia permanente (Green Card) tendrán que pasar por este proceso en caso pretendan ingresar o salir de Estados Unidos.
La iniciativa ha generado polémica porque, de acuerdo con Univision Noticias, los datos biométricos recopilados se mantendrán en los registros de las autoridades migratorias de esta nación por un periodo de hasta 75 años.

Cómo afectará los controles biométricos a los inmigrantes
La iniciativa del gobierno estadounidense tiene posturas diferentes. Mientras que un sector de migrantes documentados apoya la regla porque regulariza el flujo migratorio, esto tendría un impacto considerable para aquellos extranjeros con estatus ilegal.
Según el abogado Haim Vásquez, la medida pretende revisar los antecedentes criminales de aquellos extranjeros que ingresan a Estados Unidos. En consecuencia, si se detecta algún récord migratorio o delictivo, se les denegará el ingreso a este país.
Asimismo, este sistema permitirá identificar a aquellos inmigrantes que hayan excedido el tiempo de estancia autorizado por su visa. Al ser catalogados bajo la figura de ‘overstay’, quedarían sujetos a sanciones que les impedirían volver a entrar al país por un periodo de 3 a 10 años.








