En Estados Unidos, lo que se decide en Washington rara vez se queda en Washington. Cada ajuste en la política migratoria o económica —como el reciente cierre del acceso a préstamos oficiales de la SBA para residentes permanentes legales, vigente desde el 1 de marzo— termina golpeando a quienes sostienen desde abajo la economía local: los dueños de restaurantes, talleres o food trucks, los que levantaron sus negocios con años de esfuerzo familiar. No sorprende, entonces, que abogados de inmigración, contadores y legisladores latinos encendieran las alarmas ante una medida que, aunque pasó casi inadvertida, puede alterar el destino de miles de emprendedores hispanos. Quien vive en Miami, en los suburbios de Houston, en el Downtown de Los Ángeles o en los barrios de Nueva York lo sabe bien: las decisiones federales no solo afectan a quienes buscan entrar al país o regularizar su estatus, sino también a quienes ya forman parte del sistema, pagan impuestos y crean empleo en comunidades enteras como Little Havana, Jackson Heights, East LA o el South Side de Chicago. En el último año, bajo la administración de Donald Trump, la línea entre “política migratoria” y “política económica” se desdibujó por completo, y sus consecuencias se sienten en cada esquina donde late el trabajo y la perseverancia latina.
Para quienes viven el día a día del emprendimiento en EE. UU., este tema no es algo abstracto ni lejano: es la diferencia entre poder abrir un segundo local en un centro comercial de Texas, renovar la cocina de un restaurante en Nueva Jersey, comprar otro camión para una empresa de construcción en Nevada o simplemente aguantar una temporada baja sin despedir empleados. En comunidades latinas de estados como Florida, California, Nueva York o Illinois, no es raro que la green card sea el punto de partida para “formalizarse”: sacar un EIN, registrar la LLC, empezar a construir crédito empresarial y, eventualmente, acceder a un préstamo respaldado por el gobierno que permita competir en serio con empresas más grandes. Cuando una agencia federal cambia las reglas y deja fuera a los residentes permanentes, el golpe no solo es financiero: también es simbólico, porque manda el mensaje de que, aunque vivas aquí, pagues impuestos aquí y crees empleo aquí, sigues siendo tratado como alguien a quien se le puede cerrar la puerta de un día para otro.
¿QUÉ DECIDIÓ LA SBA Y DESDE CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?
La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso de política en el que establece que, desde el 1 de marzo, los residentes permanentes dejarán de calificar para los préstamos que garantiza el organismo en su programa principal. En concreto, el cambio afecta a los populares préstamos SBA 7(a), el programa estrella de financiamiento para pequeñas y medianas empresas en el país, que permite acceder a hasta US$5 millones para capital de trabajo, compra de equipos o expansión.
A partir de esa fecha, solo podrán acceder a estos créditos las empresas que cumplan con una condición muy clara: que el 100% de sus dueños directos e indirectos sean ciudadanos estadounidenses o nacionales de EE. UU., y que además tengan su residencia principal dentro del territorio del país o sus posesiones. Esto deja fuera no solo a emprendedores con green card, sino también a cualquier participación, por mínima que sea, de extranjeros que no entren en esa categoría.
Donald Trump se mantiene firme en endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos (Foto: EFE)
¿QUÉ SON LOS PRÉSTAMOS SBA 7(A) Y POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES?
Para entender la magnitud del golpe, conviene repasar de qué estamos hablando. Los préstamos 7(a) son créditos flexibles, muy valorados por pequeños empresarios porque permiten financiar distintas necesidades del negocio sin tener que recurrir a bancos comerciales en condiciones más duras.
Algunos datos clave de estos préstamos:
- Monto máximo: hasta US$ 5 millones.
- Destino: gastos operativos, capital de trabajo, expansión, compra de maquinaria o equipos, adquisición o mejora de inmuebles comerciales, refinanciación de deudas.
- Respaldo: están parcialmente garantizados por el gobierno federal, lo que facilita que los bancos se animen a prestar a pequeños negocios que, de otro modo, no calificarían.
- Beneficiarios históricos: pequeñas empresas en todo el país, incluidas muchas fundadas y dirigidas por inmigrantes legales, desde bodegas y taquerías hasta talleres de construcción y compañías de transporte.
Para muchos empresarios con green card, este tipo de financiamiento era la diferencia entre crecer o quedarse estancados, entre abrir un segundo local en el barrio o postergar indefinidamente ese plan porque el banco tradicional no les daba luz verde.
UN ENDURECIMIENTO QUE NO EMPEZÓ AHORA
Este giro no surgió de la nada ni es un cambio aislado. En diciembre, la SBA ya había modificado las reglas para permitir que solo calificaran las empresas con hasta un 5% de propiedad en manos de ciertos extranjeros o residentes permanentes, dejando afuera a muchos negocios con estructuras mixtas, socios en el exterior o dueños que vivían fuera del país. Esa flexibilización mínima, que aún permitía una pequeña participación extranjera, fue revertida por la nueva política, que ahora exige propiedad 100% en manos de ciudadanos o nacionales estadounidenses residentes.
Antes de esta serie de cambios impulsados bajo el gobierno de Donald Trump, el criterio histórico había sido mucho menos restrictivo y se centraba en que la mayoría de la empresa estuviera en manos de ciudadanos o residentes legales, sin cerrar totalmente la puerta a otras categorías migratorias siempre y cuando hubiera control estadounidense. Esa tradición de más de dos décadas, que incluso se mantuvo durante la primera administración Trump, es precisamente lo que hoy cuestionan varios legisladores demócratas al hablar de un quiebre de precedentes y de un enfoque más duro hacia los negocios de inmigrantes.
¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 1 DE MARZO?
Con el nuevo aviso de política, la SBA va un paso más allá y elimina por completo la posibilidad de acceso para los titulares de green card que sean dueños de negocios que buscan financiamiento garantizado por la agencia. Eso aplica tanto a los préstamos 7(a) como a otros programas respaldados por la SBA, según han advertido organizaciones de prestamistas y cámaras empresariales.
En la práctica, esto implica:
- Exclusión total de residentes permanentes legales como propietarios elegibles en empresas que soliciten préstamos SBA, incluso si viven en Estados Unidos, pagan impuestos y generan empleo local.
- Eliminación del margen del 5% de propiedad extranjera que la propia SBA había permitido en su nota previa, lo que cierra la puerta a socios minoritarios no ciudadanos.
- Restricción a empresas cuyo 100% de dueños directos e indirectos sean ciudadanos o nacionales estadounidenses con residencia principal en el país o sus territorios.
- Impacto directo en negocios ya establecidos que estaban en proceso de aplicar a un préstamo: cualquier operación que incluya a un titular de green card deberá obtener número de préstamo antes del 1 de marzo para seguir siendo elegible.
LAS CRÍTICAS DESDE EL CONGRESO
La decisión no pasó desapercibida en el Capitolio. El senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, ambos demócratas y figuras clave en las comisiones de Pequeñas Empresas del Senado y la Cámara, cuestionaron públicamente el rumbo de la SBA y advirtieron que las nuevas reglas perjudican de forma desproporcionada a negocios de inmigrantes. En cartas oficiales y comunicados, denunciaron que se trata de cambios extremos que castigan a pequeñas empresas solo por tener dueños, inversionistas o empleados clave que sean no ciudadanos, aun cuando operan totalmente dentro de Estados Unidos y generan puestos de trabajo.
En uno de esos pronunciamientos, los legisladores subrayaron que no han visto evidencia de abusos que justifiquen un giro tan radical en la política de préstamos de la SBA y que, por el contrario, estos programas han sido históricamente una herramienta de movilidad social para comunidades inmigrantes, incluidas las latinas. También pidieron explicaciones a la agencia sobre el impacto de trasladar oficinas regionales desde ciudades catalogadas como “santuarios” —como Boston— y cómo eso podría afectar el acceso a servicios para dueños de pequeños negocios inmigrantes.
ADVERTENCIAS IGNORADAS Y CAÍDA EN LOS PRÉSTAMOS
Markey y otros senadores demócratas ya venían alertando desde mediados de 2025 sobre los efectos de los nuevos requisitos de verificación de ciudadanía y los criterios más duros de evaluación de riesgo. Prestamistas especializados en SBA les habían transmitido que la combinación de controles adicionales, límites a la participación de no ciudadanos y mayores puntajes de crédito estaba frenando el flujo de préstamos hacia pequeños negocios.
En diciembre, un grupo de senadores demócratas envió una carta formal a la SBA advirtiendo sobre una caída importante en el volumen de préstamos en pocos meses tras la implementación de algunos de estos cambios y pidiendo que se revisara el rumbo. Hasta ahora, señalan, gran parte de esas inquietudes siguen sin respuesta clara, mientras el nuevo memorando profundiza la exclusión de residentes permanentes y otros inmigrantes con estatus legal.
UN MENSAJE CLARO PARA LOS EMPRENDEDORES INMIGRANTES
Más allá del debate técnico y de la pelea partidista en Washington, el mensaje que reciben miles de dueños de pequeños negocios con green card —incluyendo muchos hispanos en ciudades como Dallas, Phoenix, Orlando o Las Vegas— es bastante claro: aunque sean residentes legales, con negocios activos y empleados a cargo, su acceso a herramientas básicas de financiamiento público se reduce de manera drástica. En comunidades donde es común que un matrimonio mixto combine a un ciudadano estadounidense con un cónyuge residente permanente, o donde un familiar en el exterior mantenga una pequeña participación en la empresa, el nuevo esquema prácticamente obliga a reestructurar la propiedad si se quiere seguir contando con respaldo de la SBA.
En la experiencia de muchos reporteros que cubren economía e inmigración, el emprendimiento funciona como una vía de integración y estabilidad: el food truck que crece hasta convertirse en restaurante, la empresa de landscaping que pasa de dos a diez empleados, el salón de belleza que se convierte en un punto de encuentro de la comunidad latina. Medidas como esta no solo afectan balances o hojas de Excel; alimentan la sensación de que, aun “haciendo todo bien” —sacando la green card, pagando impuestos, cumpliendo con la ley— las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana en contra de los inmigrantes.
Millones en Estados Unidos tienen una green card, lo cual les permite estar de forma legal en Estados Unidos (Foto: Bill Oxford / iStock)
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