El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, se prepara para una importante modificación en su financiamiento. A menos que el Congreso apruebe una resolución para retrasar las medidas, desde el 1 de octubre los estados deberán asumir el 75% de los costos administrativos relacionados con la operación del programa.
Según ABC News, el cambio forma parte de H.R. 1, conocida como la One Big Beautiful Bill, ley impulsada por los republicanos que también contempla una transferencia progresiva de parte del costo de los beneficios desde el Gobierno federal hacia los estados. Organizaciones dedicadas a la asistencia alimentaria consideran que las autoridades estatales necesitan más tiempo para prepararse antes de asumir estas nuevas obligaciones.
La presión llega después de otros cambios que ya están afectando la participación en SNAP. Según el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), aproximadamente 5 millones de personas perdieron el acceso al programa en todo el país, entre ellas más de 1.5 millones de niños, desde que la ley presupuestaria respaldada por los republicanos entró en vigor.
Dottie Rosenbaum, directora de política federal de SNAP del CBPP, explicó a ABC News que la reducción está relacionada con los nuevos requisitos laborales, mayores obstáculos administrativos para solicitar la ayuda y el futuro traslado de costos a los estados. La ley, además, elevó de 54 a 64 años la edad máxima para los adultos sin dependientes que deben cumplir los requisitos laborales.
También se modificaron algunas excepciones relacionadas con padres y otros familiares responsables de personas dependientes. La edad para acceder a una de esas excepciones bajó de 18 a 14 años. Rosenbaum advirtió sobre la rapidez con la que se está reduciendo la participación.
“Las disminuciones que estamos viendo en la participación de SNAP hasta ahora son mucho más profundas y rápidas de lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso había previsto cuando se promulgó la ley, y es especialmente alarmante que más de un millón y medio de niños hayan sido excluidos”, declaró.
La legislación también contempla que los estados comiencen a cubrir parte de los beneficios según sus tasas de error. (Foto referencial: Magnific)
Los estados podrían asumir una parte mayor del costo de SNAP
El próximo cambio no se limita a los gastos administrativos. A partir de 2027, los estados comenzarán a asumir un porcentaje del costo de los beneficios relacionado con su tasa de errores. Esta tasa incluye pagos insuficientes y pagos en exceso y podría generar pagos adicionales equivalentes a entre 5% y 15% para la mayoría de los estados.
Las organizaciones de ayuda alimentaria temen que algunos gobiernos estatales tengan dificultades para cubrir esos gastos y terminen reduciendo otros programas para compensar el aumento. La situación también podría incrementar la presión sobre los bancos de alimentos, que ya están atendiendo a personas que dejaron de recibir SNAP.
Arizona es uno de los estados donde ya se observan efectos importantes. Después de la entrada en vigor de H.R. 1, las autoridades estatales ampliaron los requisitos de documentación, establecieron un proceso de revisión previa y comenzaron un monitoreo continuo de los ingresos. De acuerdo con el CBPP, más de 400,000 beneficiarios de SNAP perdieron el acceso al programa posteriormente.
Terri Shoemaker, vicepresidenta ejecutiva de la Arizona Food Bank Network, relacionó la caída de beneficiarios con un aumento similar en las personas que acuden a los bancos de alimentos.
“Lo que significó que el número de personas que visitaban los bancos de alimentos aumentara aproximadamente en la misma cantidad”, afirmó.
Shoemaker también señaló que algunas personas pudieron verse afectadas por las nuevas medidas pese a que no deberían haber perdido la asistencia.
“Sabemos que el Departamento de Seguridad Económica de Arizona está tratando de controlar la precisión y los informes, pero al mismo tiempo también sabemos que hubo personas afectadas por esos cambios que no deberían haberlo sido”, dijo.
Organizaciones de asistencia alimentaria advierten que estas medidas, junto con los nuevos requisitos laborales, ya están reduciendo la cantidad de personas que reciben SNAP. (Foto: Freepik / USDA)
Bancos de alimentos advierten sobre una presión creciente
El impacto también se observa en Nuevo México. Jill Dixon, directora ejecutiva de Food Depot, una organización que agrupa bancos de alimentos del norte del estado, describió el aumento de la demanda.
“Averigüe dónde distribuye alimentos su banco de alimentos y compruebe la longitud de una fila”, dijo.
Según Dixon, una fila frente a las instalaciones de su organización suele extenderse más de una milla y media antes de que comience la distribución a las 7 a.m.
Food Depot distribuyó más de 8 millones de comidas en distintas zonas de Nuevo México durante 2025. Dixon destacó que detrás de las cifras existen personas y familias que necesitan ayuda.
“Estas son personas. No son filas. No son cajas de comida. No es algo anónimo. Es profundamente personal y está justo en el centro de nuestra comunidad”, afirmó.
En estados predominantemente republicanos también se observan reducciones importantes. Louisiana registra la segunda mayor caída per cápita, con 21% de sus beneficiarios de SNAP sin acceso al programa, según el CBPP. En Arkansas, Jeff Quick, director ejecutivo del Food Bank of North Central Arkansas, advirtió que los bancos de alimentos no tienen capacidad suficiente para reemplazar por sí solos la ayuda federal.
“Nunca podremos salir de la inseguridad alimentaria solo con los bancos de alimentos”, dijo Quick.
Asimismo, estimó que Arkansas podría enfrentar un impacto económico negativo de hasta US$1,200 millones si el estado no pudiera asumir el costo necesario para mantener SNAP.
Grupos nacionales y estatales piden al Congreso retrasar el traslado de costos para que los estados tengan más tiempo de prepararse. (Foto referencial: Magnific)
¿Qué puede pasar ahora con SNAP?
Las organizaciones estatales y nacionales de asistencia alimentaria están pidiendo al Congreso que retrase el traslado de costos y permita que los estados tengan más tiempo para reducir sus tasas de error. Rosenbaum insistió en que el objetivo debería ser mejorar la precisión sin dificultar el acceso de las personas que cumplen los requisitos.
“Los estados necesitan más tiempo. Necesitan más tiempo para trabajar en reducir su tasa de error y mejorar la precisión de sus pagos de una manera que no limite el acceso a los beneficios”, afirmó.
El presidente del Comité de Agricultura del Senado, John Boozman, presentó una versión del proyecto de ley agrícola que contempla retrasar el traslado de costos de SNAP; sin embargo, esa propuesta todavía no avanza en la Cámara de Representantes.
Los legisladores regresan a Washington el 14 de septiembre, después del receso de agosto. Mientras el Congreso evalúa si modifica o retrasa estas disposiciones, los estados y las organizaciones de ayuda alimentaria se preparan para un escenario en el que tendrán que asumir una mayor parte de los costos del programa.
