En estas semanas he visto cómo vuelve a tomar fuerza la conversación sobre la reforma que impacta al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), un apoyo esencial para millones de familias en Estados Unidos. Y, como suele pasar con cualquier cambio que llega desde Washington, vale la pena detenerse un momento, respirar hondo y revisar con calma lo que realmente significa.
No se trata de un ajuste menor. Las nuevas disposiciones federales podrían dejar a millones de personas fuera de los beneficios en los próximos meses. Y lo preocupante es que muchas de ellas dependen de este apoyo para poder poner comida en la mesa cada mes. Por eso en esta nota te contaré todo lo que se sabe al respecto.
Todo esto surge de una reforma incluida en la Ley Única y Amplia (OBBBA), una legislación impulsada por republicanos y aprobada a inicios de este año. El Departamento de Agricultura (USDA) ordenó a los estados adaptar sus sistemas a las nuevas reglas, que entraron en vigor tras la firma del presidente Donald Trump. Algunos recibieron margen hasta el 1 de noviembre para implementarlas por completo.
Lo central de esta reforma recae en una parte del programa que ha existido desde hace años: la regla para adultos sanos sin personas a su cargo, conocida como ABAWD. Y aquí es donde empiezan los recortes.
Bajo la norma federal, muchos adultos sin discapacidades y sin personas a su cuidado deben trabajar, buscar trabajo activamente o participar en capacitación laboral por lo menos 80 horas al mes para seguir recibiendo SNAP. Hasta ahí, nada nuevo.
Pero con la reforma OBBBA, el margen de quién queda exento se ha reducido drásticamente. Y eso significa que más personas entrarán a esa categoría obligada a cumplir los requisitos laborales estrictos.
Una de las modificaciones más fuertes es el cambio en el rango de edad. Antes, la regla de ABAWD se aplicaba hasta los 59 años. Ahora, con la reforma, se amplía hasta los 65 años.
En la práctica, millones de personas mayores, que quizá ya enfrentan limitaciones laborales o de salud, deberán cumplir con horas mínimas de trabajo para no perder su acceso a alimentos.
Otro punto que me llamó la atención es que se ajustó la categoría de “cuidadores”. Antes, padres o tutores de menores de hasta 18 años estaban exentos de estas reglas. Ahora esa protección solo aplica si el menor tiene menos de 14 años.
Esto deja fuera a miles de personas que cuidan a adolescentes y que, aun así, enfrentarán la presión de cumplir requisitos laborales que muchas veces no se ajustan a su realidad familiar.
La nueva ley elimina exenciones para:
Estos grupos históricamente han recibido protección adicional porque suelen enfrentar barreras mayores para conseguir empleo estable. Ahora, muchos de ellos podrían perder los beneficios si no cumplen con el límite de tres meses en un periodo de tres años.
Las personas embarazadas o quienes no pueden trabajar por limitaciones físicas o mentales seguirán exentas. Pero más allá de eso, la red de protección luce mucho más estrecha.
Un análisis del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, basado en datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), estima que cerca de 4 millones de personas verán reducidos o eliminados por completo sus beneficios SNAP. Y no hablamos de casos aislados: hay niños, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidades entre quienes podrían quedarse sin el apoyo alimentario que hoy los sostiene.
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