Esdras Medina afirma que no permitirá ningún tipo de blindaje en comisión de Ética

Tras una serie de idas y vueltas, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó ayer la distribución de las presidencias de las 24 comisiones ordinarias, así como el número de integrantes de estos grupos de trabajo, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo para el periodo 2023-2024.

En esta reunión no solo se definió la conducción de estos grupos de trabajo, sino también las presidencias de las comisiones especiales, como Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Precisamente, Gestión supo que el legislador de Unidad y Diálogo, Esdras Medina, asumirá la presidencia del grupo de Ética en reemplazo de Karol Paredes, quien dejará el cargo tras dos periodos.

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En breve diálogo con la prensa, Medina aseguró que una vez se confirme su nombramiento, no permitirá que haya algún tipo de blindaje en las investigaciones que realice el grupo de trabajo, en referencia al caso del titular del Parlamento, Alejandro Soto, y de los congresistas denunciados por recortar el sueldo a sus trabajadores.

“Todo procedimiento que es administrativo tiene que cumplirse, se debe hacer el procedimiento adecuado y, si amerita una sanción, es inevitable (...) no va a haber (blindaje) y si se tiene que sancionar, no hay vuelta que dar”, anotó.

Los antecedentes del nuevo titular de la comisión de Ética

Esdras Medina, quien es administrador de profesión, es un conocido pastor evangélico de Arequipa. En el año 2015 se desempeñó como regidor provincial de dicha ciudad.

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A nivel del Parlamento estuvo en dos bancadas antes de formar su propio grupo: Renovación Popular (RP) y Somos Perú, en la que estuvo en calidad de invitado.

Sin embargo, no estuvo exento de la polémica. En el año 2017 aseguró que los desastres naturales que aquejaban el país son un “castigo divino producidos por la ideología de género”, lo que causó controversia.

En el periodo 2021-2022 ocupó la presidencia de la comisión de Educación. Durante su gestión se impulsaron diversos cambios en la conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que terminó por debilitarla.

Además, se le acusó de querer beneficiar a las universidades cuyas licencias fueran denegadas por dicho organismo.

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