El 27 de octubre, 90 policías, 22 vehículos y un cañón de agua esperaban dispuestos en un campo en las afueras de Santiago, la capital de Chile. No estaban allí para vigilar una alborotada protesta, sino para monitorear un narcofuneral en el que se le daría sepultura a una joven con presuntos vínculos con narcotraficantes.
Un evento así, que a menudo termina con disparos al aire por parte de los dolientes, habría sido impensable en Chile, considerado durante mucho tiempo como uno de los países más seguros de América Latina.
Pero las bandas criminales celebraron casi 2,000 funerales de este tipo entre mayo de 2019 y setiembre de 2023, según Gabriel Boric, el presidente chileno. En setiembre, Boric envió un proyecto de ley al Congreso destinado a limitarlos.
El mapa de los homicidios en América Latina se está modificando. La tasa de homicidios en la región ha ido disminuyendo desde 2017, aunque países como México y Brasil todavía albergan algunas de las ciudades con los índices de asesinatos más altos del planeta.
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Pero en países que antes eran seguros, estos índices están alcanzando niveles históricos, entre ellos Ecuador, Costa Rica y Chile. Es la nueva narcorred: un coctel de drogas, armas y migración alimenta a la violencia de las bandas criminales en toda la región.
Veamos a Ecuador primero. Su descenso al caos ha sido rápido. En 2018, el país era una tranquila zona andina en la que vivían 17 millones de habitantes. Exportaba petróleo y pescado y tenía la cuarta tasa de homicidios más baja de América Latina: 5.8 por cada 100,000 personas. Pero este año se espera que esa tasa supere los 35 por cada 100,000 personas. Ahora mismo, es más alta que las de México y Brasil.
Los grupos criminales matan con impunidad, detonan coches bomba y cuelgan cadáveres de puentes. En agosto, se registró el asesinato de un candidato presidencial que defendía una plataforma anticorrupción. Los seis supuestos sicarios colombianos fueron encontrados ahorcados en sus celdas de prisión en octubre.
La principal causa de los problemas de Ecuador es la cocaína. Durante décadas, el país fue prácticamente ignorado por los narcotraficantes internacionales. Eso cambió a finales de la década de los 2000, cuando las bandas criminales se dieron cuenta de que podían obtener márgenes de ganancia todavía más amplios al enviar cocaína a lugares más lejanos, a Europa y Australia.
En parte como resultado, las bandas cambiaron sus métodos de envío: en lugar de hacerlo en aviones o barcos con destino a Estados Unidos, la cocaína se guardaba dentro de buques portacontenedores entre mercancías legítimas.
Después de que los puertos colombianos reforzaron su seguridad, los delincuentes buscaron rutas marítimas alternas. Los puertos de Ecuador, con una vigilancia pobre, se volvieron todavía más atractivos después de 2009, cuando Rafael Correa, un político de izquierda y entonces presidente, socavó las defensas del país al cerrar una base naval estadounidense y, con ello, puso fin a la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos.
Las bandas criminales ecuatorianas como Los Choneros se registraron como transportistas y movieron cocaína para las bandas mexicanas y la mafia albanesa. En 2019, Ecuador ya se había convertido en una superautopista de la cocaína.
Encarcelar a los gánsteres simplemente les ayudó a fortalecer sus redes. Los Choneros prosperaron en las cárceles abarrotadas, donde aumentaron su reclutamiento y lanzaron ataques contra sus enemigos. Los asesinatos selectivos derivaron en masacres, en las que decenas de reclusos fueron desmembrados y quemados.
En 2021, unos 330 presos fueron asesinados en Ecuador, la cifra más alta del mundo. Ese mismo año, la cocaína se ubicó como la sexta exportación más grande de Ecuador, con un valor de casi US$ 1,000 millones, o el 0.9% del PBI, según InSight Crime, un medio de investigación.
De modo similar, se pronostica que este año en Costa Rica los homicidios llegarán a un nivel histórico de 17 por cada 100,000 personas, en comparación con 11 por 100,000 personas hace tres años. En ese país, la cocaína también es una gran parte del problema. El aumento de la producción en Colombia, donde se han cosechado cantidades históricas de hoja de coca en los últimos años, se traduce en mayores envíos que llegan a Costa Rica, dice Álvaro Ramos, exministro de Seguridad.
Sin embargo, la cocaína no es la única razón del incremento de la violencia. En los últimos años, muchos asesinatos han tenido que ver con el mercado nacional de marihuana. El cannabis ilegal es un gran negocio en Costa Rica: el 3% de los residentes dice consumirlo mensualmente, una de las tasas de consumo más altas de Centroamérica.
Muchas bandas criminales prefieren la marihuana a la cocaína ya que transportarla es difícil: requiere conexiones y funcionarios corruptos (de los cuales hay relativamente pocos en Costa Rica). Por el contrario, la marihuana tiene pocas barreras de entrada y puede venderse en cualquier lugar.
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El Estado no tiene la preparación para impedir que estas nuevas bandas criminales prosperen. Costa Rica abolió su Ejército en 1949. El presidente Rodrigo Chaves culpa a los gobiernos anteriores y al poder judicial por la situación. Dice que el país no tiene suficientes policías, las leyes están obsoletas y el sistema judicial es demasiado blando con los criminales.
En el tercer lugar en esta nueva narcorred, Chile, los asesinatos no son un punto crítico. El año pasado su tasa de homicidios alcanzó un nivel histórico de 6.7 por 100,000 personas. Esta cifra está muy por debajo de la de sus vecinos y cercana a la de Estados Unidos, de 6.3. Pero como queda en evidencia por sus narcofunerales, el crimen está empeorando considerablemente.
Se está interceptando más cocaína y cannabis potente que nunca y las incautaciones de cannabis se triplicaron entre 2018 y 2021. Sus puertos se han convertido en objetivos para los traficantes de armas. El tráfico de madera también es un problema. La industria del cobre, que representa casi el 11% del PBI del país, está arruinada por los secuestros armados.
Depresión de la cocaína
Chile es uno de los países más ricos de la región. También alberga a medio millón de migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Esa combinación ha atraído a mafias como el Tren de Aragua, la banda criminal más grande de Venezuela, que lucha por controlar los bajos fondos chilenos, después de haber construido un imperio de trata de personas en toda Sudamérica.
Con frecuencia, hay tiroteos en la ciudad portuaria de Iquique, mientras las bandas criminales chilenas rechazan las incursiones de los venezolanos. Las células del Tren de Aragua dirigen redes de prostitución en varias ciudades. El año pasado, 40 presuntos miembros fueron encarcelados en una provincia. Este año decenas de personas han sido detenidas en redadas policiales.
Como resultado, la proporción de chilenos que dicen que la inmigración es mala aumentó del 31% en diciembre de 2018 al 77% en abril de 2023, según Cadem, un encuestador. Otro sondeo encontró que la mayoría culpa a la inmigración ilegal por el aumento de la delincuencia.
De cara a las elecciones regionales del próximo año, el gobierno se ha centrado más en la seguridad. Después de que tres policías fueron asesinados en marzo, Boric prometió un aumento anual del 40% en el presupuesto de seguridad y aprobó penas más estrictas para los delitos contra la policía. Aun así, muchos lo consideran demasiado blando con el crimen.
¿Qué significa esta nueva narcorred para los países que alguna vez estuvieron entre los casos exitosos de América Latina? Muchos ciudadanos votarán con los pies. El año pasado, los ecuatorianos fueron la segunda nacionalidad más numerosa en cruzar el traicionero Tapón del Darién en Panamá en su camino hacia el norte.
Quienes se quedan en casa pueden recurrir a soluciones más extremas. Según Latinobarómetro, una encuesta regional, el 48% de los ecuatorianos, el 31% de los chilenos y el 22% de los costarricenses consideran la seguridad como el mayor problema de su país, muy por encima del promedio regional del 13%.
Muchos latinoamericanos admiran al autoritario presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien durante el año pasado encerró al 1.6% de la población en una amplia serie de medidas enérgicas contra las bandas criminales y cuyo índice de aprobación es del 88%, el más alto de la región.
Los políticos de toda América Latina están prestando atención. El 15 de octubre, Daniel Noboa, un político de derecha de 35 años que ganó las elecciones presidenciales en Ecuador, prometió imitar el enfoque de Bukele y construir prisiones flotantes en el Pacífico.
Algunos se muestran escépticos de que se pueda frenar el problema de las bandas criminales en ese país, pero estas soluciones extravagantes son cada vez más populares. Frente a bandas criminales cada vez más poderosas, muchos latinoamericanos parecen pensar que sacrificar los derechos civiles es un precio que vale la pena pagar por la seguridad.
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