Aunque habla de cobros vinculados con calles y carreteras de California, la ley no impone un nuevo peaje estatal ni obliga a los automovilistas a pagar por conducir por una vía pública. El cambio apunta a las reglas que usan ciudades, condados y otras agencias locales para recuperar determinados costos de infraestructura. Aun así, el tema puede generar dudas entre quienes ya enfrentan gastos habituales como gasolina, seguro, registro vehicular, estacionamiento y peajes, especialmente en zonas donde el auto es indispensable para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o cubrir trayectos largos, como el Inland Empire, Los Ángeles y el Valle Central. La SB 922, firmada por el gobernador Gavin Newsom, redefine el marco de los cargos locales relacionados con el uso y mantenimiento de calles y carreteras.
La medida fue presentada por el senador estatal John Laird y se enfoca en la capacidad de ciudades, condados y otras agencias públicas para recuperar algunos gastos ligados al uso de las vías. El efecto más visible podría sentirse, según el caso, en tarifas de servicios locales y no necesariamente en un cobro directo al conductor de un automóvil particular.
¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 922?
La SB 922 modifica la sección 9400.8 del Código de Vehículos de California. Esa disposición imponía límites a los gobiernos locales que buscaban establecer impuestos, permisos u otras tarifas por el privilegio de utilizar calles o carreteras.
La regla anterior impedía, en términos generales, que una agencia local aplicara ese tipo de pagos después del 31 de diciembre de 1990. Había algunas excepciones, entre ellas los permisos para cargas que superan los límites legales y determinados cargos vigentes antes del 1 de junio de 1989.
Con la nueva legislación, las ciudades y condados podrán establecer ciertos impuestos, tarifas de permisos u otros cargos vinculados con el uso de sus vías, siempre que no se calculen según el peso de un vehículo. La norma también aclara que algunos importes relacionados con servicios públicos no deben considerarse automáticamente como cobros prohibidos.
En términos sencillos, si un servicio utiliza de forma constante las calles para operar y genera gastos de reparación o mantenimiento, la agencia encargada puede incluir una parte de esos costos dentro de las tarifas que correspondan. Esto puede aplicar, por ejemplo, a operaciones con camiones de basura, redes de agua, transporte u otros servicios municipales.
Los conductores de California podrían sufrir algunos cambios debido a esta nueva ley (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
LO QUE ESTABLECE LA NORMA
| Situación | ¿Qué establece la SB 922? |
|---|---|
| Cobro estatal para todos los conductores | No crea un peaje ni una tarifa automática por manejar en California |
| Cargos locales por el uso de vías | Permite determinados impuestos, permisos u otros pagos que no estén basados en el peso |
| Tarifas de servicios públicos | Pueden contemplar costos de mantenimiento, reparación y uso de calles |
| Daños o desgaste causados por vehículos de servicio | Las agencias pueden recuperar gastos asociados con infraestructura vial |
| Recargos en facturas de servicios locales | Algunos pueden quedar permitidos bajo la nueva interpretación de la ley |
| Pago obligatorio solo por conducir | La SB 922 no impone esa obligación a los automovilistas |
La intención no es que un residente pague por llevar su carro al supermercado, circular por su vecindario o tomar una salida de la autopista para llegar a casa. El cambio se concentra en los gastos asociados con servicios que usan las vías para funcionar.
ENTONCES, ¿PODRÍAN COBRARTE MÁS?
La respuesta corta es que podría haber un impacto indirecto, aunque no será igual para todos los californianos.
Una ciudad, un condado o un distrito de servicios podría revisar sus tarifas si considera que necesita recuperar gastos por el mantenimiento de calles utilizadas por sus operaciones. Por ello, el posible efecto se vería con mayor probabilidad en una factura de basura, agua u otro servicio local, dependiendo de las decisiones que adopte cada entidad.
Para una familia de California, el escenario más cercano no sería pagar una tarifa por conducir hacia el trabajo o visitar a un familiar durante el fin de semana. La discusión podría aparecer si una ciudad ajusta el costo del recojo de residuos, del suministro de agua, del transporte local o de otra prestación que requiera vehículos y acceso continuo a la red vial.
Entre los servicios públicos mencionados en los antecedentes de la ley se encuentran:
- Recolección de basura y reciclaje
- Agua
- Electricidad
- Calefacción
- Transporte
- Comunicaciones
- Otras obras y servicios públicos
Si aparece un nuevo recargo en una factura, conviene revisar quién lo aplica, qué servicio cubre y qué gasto busca financiar. La respuesta puede variar bastante entre un municipio del condado de Los Ángeles, una ciudad del Área de la Bahía o una comunidad del Valle de San Joaquín.
¿POR QUÉ CALIFORNIA HIZO ESTE CAMBIO?
La discusión se originó, en parte, por un caso judicial relacionado con la ciudad de Redlands, en el condado de San Bernardino. La disputa giró en torno a un recargo incluido en las tarifas de recolección de basura para financiar reparaciones de pavimento.
En el caso Rogers v. City of Redlands, un residente cuestionó que ese dinero se usara para costear un programa municipal de reparación acelerada de calles. El argumento fue que el recargo funcionaba como un pago por utilizar las vías y, por tanto, entraba en conflicto con la sección 9400.8 del Código de Vehículos.
La Corte de Apelaciones de California respaldó esa interpretación bajo la redacción que estaba vigente entonces. Tras esa decisión, la Legislatura aprobó la SB 922 para precisar cómo deben tratarse los cargos vinculados con la prestación de servicios públicos.
La ley declara que busca rechazar la lectura aplicada en ese fallo y confirmar que los gobiernos locales pueden recuperar determinados costos de reparación, mantenimiento y operación relacionados con calles o carreteras usadas para brindar servicios a la comunidad.
El tema también se relaciona con la Proposition 111, una medida aprobada por los votantes de California en junio de 1990. Esa iniciativa elevó los llamados weight fees, o cargos por peso, aplicables a ciertos vehículos comerciales. A partir de esos cambios surgieron las restricciones de la sección 9400.8 que ahora fueron modificadas.
TRES PUNTOS PARA ENTENDER LA LEY
- No crea un peaje estatal nuevo. La SB 922 no obliga a los conductores a pagar una tarifa adicional cada vez que usen calles, carreteras o autopistas de California.
- Aclara qué gastos pueden recuperarse. Las agencias locales pueden incluir ciertos costos de reparación, mantenimiento y uso de la infraestructura vial en cargos relacionados con servicios públicos.
- El resultado dependerá de cada comunidad. No todos los residentes recibirán un nuevo cobro. La aplicación dependerá del servicio, de la ciudad o condado involucrado y de las tarifas que se aprueben en cada jurisdicción.
¿LA SB 922 PERMITE COBRAR CUALQUIER CANTIDAD?
No. La norma no entrega a las ciudades una autorización ilimitada para crear nuevas tarifas sin sustento.
El objetivo es precisar que algunos pagos destinados a recuperar gastos de infraestructura no deben considerarse prohibidos solo porque están relacionados con calles o carreteras. Eso no elimina los procedimientos que deben seguir las agencias públicas al modificar las tarifas de los servicios que administran.
Cuando una entidad local busca aumentar o crear un cobro, pueden entrar en juego reglas sobre avisos públicos, reuniones, ordenanzas, contratos, estudios de costos y procesos administrativos. Cada situación deberá evaluarse según el tipo de servicio y la autoridad que tome la decisión.
Por eso, afirmar que California ahora puede “cobrar por usar las calles” sin explicar el contexto sería una simplificación excesiva. La modificación tiene un alcance más específico y se centra en la recuperación de gastos asociados con servicios públicos.
¿CUÁNDO FUE APROBADA LA SB 922?
Gavin Newsom firmó la SB 922 el 27 de agosto de 2026. La medida fue registrada como el Capítulo 148 de los Estatutos de California de 2026.
El título oficial de la norma es Vehicles: local agency charges: use of streets or highways, que puede traducirse como “Vehículos: cargos de agencias locales por el uso de calles o carreteras”.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que las ciudades, condados y distritos locales tendrán que evaluar cómo se aplica dentro de sus propias estructuras de tarifas y servicios.
El gobernador Gavin Newsom firmó esta ley el 27 de agosto (Foto: AP)
