A estas alturas, ya no hace falta ni encender la tele para enterarse de lo que pasa: basta con ver lo que se comparte en los grupos de WhatsApp de la familia o en los muros de Facebook de la comunidad. Entre cadenas, capturas de pantalla y videos reenviados, hay una inquietud que se repite una y otra vez: “¿De verdad el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner multas millonarias solo por seguir en el país con una orden de deportación?”. Lo que muchos al principio tomaron como otro susto de redes, en realidad forma parte de una estrategia concreta del Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, que ya está alcanzando a miles de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos que llevan años trabajando, declarando impuestos con ITIN y criando hijos ciudadanos en ciudades como Nueva York, Houston, Los Ángeles o Miami. Y en este ambiente donde el miedo a ICE, a perder el trabajo de un día para otro, a los operativos en el metro o en la “guagua” de camino al turno de madrugada ya es parte del día a día, ahora se suma el pánico muy real a abrir el buzón y encontrarse con una carta de “civil penalty” del DHS, con cifras que parecen de película pero que para muchas familias hispanas se están convirtiendo en una auténtica pesadilla.
El tema es complejo, mezcla leyes viejas con decisiones políticas nuevas, pero al final del día la pregunta que más me hacen es sencilla: “¿Me pueden arruinar la vida con una multa si no me voy después de una orden de deportación?”. Vamos por partes.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EXACTAMENTE EL DHS?
De acuerdo con El Diario, Lo primero que hay que entender es que estas multas no salieron de la nada: se basan en una ley que existe desde 1996, el famoso 8 U.S.C. §1324d, que permite al gobierno imponer penalidades civiles diarias a personas con orden final de deportación que no salgan del país. Esa ley llevaba décadas prácticamente dormida, pero la administración de Donald Trump decidió usarla de manera agresiva, con montos muy altos por cada día que una persona se queda en Estados Unidos después de que un juez de inmigración emite una orden de remoción.
Según reportes recientes, el plan del gobierno es imponer multas diarias que pueden llegar a US$998 durante un periodo de hasta cinco años, lo que puede sumar un máximo de aproximadamente 1.8 millones de dólares por persona. Esto no es teórico: ya se han enviado miles de notificaciones, y el DHS ha informado internamente de más de 4,500 migrantes notificados con penalidades que en conjunto superan los US$500 millones , en un esfuerzo por usar la deuda como presión para que la gente acepte “autodeportarse”.
Agentes de ICE durante una redada migratoria en Estados Unidos (Foto: AFP)
DE DÍAS A MILLONES: ¿CÓMO SE ACUMULAN LAS MULTAS?
Aquí es donde la cosa se vuelve más fría y numérica, pero también más injusta para muchos. La lógica del gobierno es la siguiente: por cada día que una persona “falló en salir” después de su orden de deportación, se suma una cantidad fija, y eso se puede aplicar de forma retroactiva, es decir, hacia atrás durante años. Si el monto se fija en casi 1,000 dólares diarios, después de cinco años se puede llegar a ese tope de 1.8 millones, y eso no es un límite teórico, ya hay casos concretos documentados con sanciones de ese tamaño.
En algunos reportes se mencionan casos de inmigrantes que recibieron órdenes de remoción hace más de una década, incluso por situaciones tan comunes como haber faltado a una audiencia migratoria por miedo, por no recibir la notificación a tiempo o por haberse mudado. Un ejemplo citado por medios es el de una persona que fue ordenada a salir en 2005 y que ahora enfrenta una multa superior a 1.8 millones de dólares por todos esos años en que siguió viviendo, trabajando y formando familia en Estados Unidos. No estamos hablando de “criminales peligrosos”, sino de gente que lleva años en la misma iglesia, con hijos en la misma escuela de barrio, comprando en el mismo supermercado latino.
¿A QUIÉN ESTÁ AFECTANDO MÁS ESTA ESTRATEGIA?
Lo que más preocupa de esta nueva ofensiva del DHS es a quién está golpeando. Entre las personas que han recibido estas notificaciones hay madres y padres de familia que estaban en proceso de arreglar su estatus migratorio por medio de un cónyuge ciudadano estadounidense o solicitudes basadas en lazos familiares, pero que tienen en su historial una orden de remoción antigua. En otras palabras, incluso quienes estaban tratando de hacer las cosas “por la vía correcta”, con abogados, formularios y citas en USCIS, ahora se encuentran con una deuda imposible que se convierte en otra arma de presión.
Además, muchos de estos inmigrantes trabajan en sectores donde la comunidad latina es clave: restaurantes, construcción, limpieza, agricultura, cuidado de personas mayores y niños. Son los que levantan edificios en Nueva York, recogen cosechas en California, atienden mesas en Florida o limpian oficinas en Texas, y que ya viven con miedo a un operativo de ICE, a un chequeo de tránsito que termine en detención o a ser separados de sus hijos ciudadanos. Ahora se suma el temor a que, además de todo eso, el gobierno intente perseguirlos con deudas de cientos de miles o millones de dólares.
MULTAS, DEMANDAS Y CONFISCACIÓN DE BIENES
Lo que se ha ido conociendo de esta estrategia es que el DHS no se queda solo en mandar cartas con números enormes, sino que también estudia cómo hacer valer esas deudas. Entre las opciones que se mencionan están demandar a las personas en cortes federales, usar agencias de cobro de deudas y, en algunos casos, confiscar bienes de los inmigrantes que no puedan pagar, como propiedades, ahorros o reembolsos de impuestos.
Esto golpea especialmente a quienes, con mucho esfuerzo, han logrado comprar una casa modesta en barrios latinos de ciudades como Houston, Phoenix o el área de Chicago, o que han ahorrado algo en cuentas bancarias para la universidad de sus hijos. La idea de que el gobierno pueda usar una multa civil para quedarse con el fruto de décadas de trabajo genera un sentimiento de vulnerabilidad brutal en comunidades que ya han pasado por redadas, cierres de TPS y cambios constantes en las reglas de inmigración.
EL MENSAJE POLÍTICO: “AUTODEPÓRTATE O PAGA”
Más allá de los números, hay un mensaje político muy claro detrás de esta política: incentivar la llamada “self-deportation”, o autodeportación. La idea es que, si el costo de quedarse en Estados Unidos después de una orden de deportación se vuelve económicamente insoportable, muchas personas optarán por irse por su cuenta, renunciando a pelear sus casos o a seguir buscando opciones legales.
La administración de Trump no lo esconde: en comunicados y filtraciones hablan de un “pressure campaign”, una campaña de presión para que millones de indocumentados se vayan. Incluso han llegado a ofrecer la posibilidad de perdonar estas multas a quienes acepten autodeportarse usando herramientas como la app CBP Home, que el gobierno presenta como una vía “ordenada” para salir del país, junto con un estipendio de salida y asistencia para el viaje. El mensaje de fondo es duro: “Si te quedas, te perseguimos con multas y demandas; si te vas, te perdonamos la deuda”.
UNA LEY VIEJA EN UN CONTEXTO NUEVO
Algo importante que a veces se pierde en medio del ruido es que esta ofensiva se apoya en una estructura legal que ya existía, pero que casi no se usaba. El 8 U.S.C. §1324d, aprobado en los años 90, permite imponer hasta 500 dólares por día a quienes no cumplan con una orden de remoción, y durante mucho tiempo fue casi letra muerta. Hubo un intento inicial de usar esa facultad en 2018, también bajo Trump, contra un número muy reducido de personas, pero no se había visto una aplicación tan masiva como la que estamos viendo ahora, con miles de notificaciones y cifras totales de miles de millones en juego.
Lo que cambió no fue solo la ley, sino la decisión política de usarla como herramienta central en la política migratoria, en lugar de un mecanismo excepcional. Mientras tanto, organizaciones de defensa de inmigrantes y expertos legales en ciudades con alta presencia latina, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, advierten que esta estrategia puede violar principios básicos de debido proceso y convertirse en un castigo desproporcionado para personas cuyo “delito” principal es haber buscado una vida mejor y haber decidido quedarse después de una orden que muchas veces ni siquiera entendieron por completo.
¿QUÉ PUEDE HACER UNA PERSONA ANTE UNA MULTA DE ESTE TIPO?
Aquí es donde la realidad se cruza con la desesperación. Legalmente, algunas personas tienen la opción de pedir una revisión de la multa, solicitar una entrevista con autoridades de inmigración o presentar pruebas de que están en el país de forma legal o de que no recibieron la notificación correcta. En algunos casos, también se pueden explorar recursos para reabrir el caso de deportación original, sobre todo si hubo errores en el proceso o cambios importantes en la situación familiar o humanitaria.
Sin embargo, cada vez que alguien se expone más al sistema migratorio, corre el riesgo de detención, de que se reactivan órdenes viejas o incluso de que la situación empeore. Por eso, abogados y organizaciones recomiendan no ignorar las cartas del DHS, pero tampoco dar pasos sin asesoría legal seria, especialmente en un contexto como este en el que el gobierno ha dejado claro que quiere usar todas las herramientas disponibles para presionar la salida de indocumentados. Para muchas familias hispanas, eso significa juntar dinero para pagar una consulta con un abogado de confianza, preguntar en organizaciones comunitarias de la zona y apoyarse en redes locales, desde la parroquia hasta las asociaciones de paisanos.
Dos agentes de ICE deteniendo a un presunto inmigrante indocumentado en Estados Unidos (Foto: AFP)
EL IMPACTO EMOCIONAL EN LA COMUNIDAD HISPANA
Más allá de las cifras y los tecnicismos, esto se siente en la vida diaria. Gente que antes solo temía a una redada de ICE ahora teme también al sobre blanco del correo, a una llamada de una agencia de cobro o a que el gobierno pueda tocar la puerta de su casa no solo para detener, sino también para cobrar. En vecindarios latinos de Nueva York, en los barrios de Houston o en complejos de apartamentos de Las Vegas, se escuchan historias de conocidos que han recibido notificaciones o que temen ser los siguientes, aunque no siempre esté claro quién estará en la lista.
Este clima refuerza algo que ya había en nuestras comunidades: vivir a la defensiva. Muchas personas dejan de manejar por miedo a ser paradas por la policía, limitan sus movimientos a casa, trabajo, iglesia y supermercado, y se lo piensan dos veces antes de participar en actividades escolares de sus hijos o en eventos comunitarios. Al mismo tiempo, se refuerza la solidaridad: campañas en redes, rifas, colectas en iglesias y grupos de apoyo que tratan de acompañar a quienes están en la línea de fuego de estas políticas.
LO QUE VIENE Y POR QUÉ IMPORTA SEGUIR HABLANDO DE ESTO
Hoy, con Donald Trump otra vez en la Casa Blanca y un DHS que ha dejado claro que piensa usar hasta el último resquicio legal para reducir la presencia de indocumentados, es probable que veamos más casos, más cartas de cobro y más presión sobre quienes tienen órdenes de deportación antiguas. Al mismo tiempo, habrá demandas, acciones legales y presión política de parte de organizaciones de derechos civiles, abogados y líderes comunitarios que entienden que no se puede tratar a millones de personas como si fueran solo números en una hoja de cálculo de deudas.
Por eso es importante seguir hablando de esto en español, con palabras claras, desde la experiencia de quienes vivimos en Estados Unidos, usamos el metro, el “bus”, la “troca”, vamos al “swap meet” o al “pulguero” y sabemos que detrás de cada caso hay una familia latina completa. Las multas millonarias del DHS no son solo una noticia más: son una pieza más de un sistema que muchas veces se siente diseñado para que la comunidad indocumentada viva con miedo constante. Y si algo ha demostrado la comunidad hispana en este país, es que, incluso en medio de ese miedo, es capaz de organizarse, informarse y apoyarse para no enfrentar sola políticas tan duras como esta.
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