El anuncio del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de encabezar la mayor deportación de la historia del país, ha generado nerviosismo entre los inmigrantes. Se estima que entre 11 y 15 millones de extranjeros se encuentran en Estados Unidos sin la documentación necesaria, de acuerdo con estimaciones, por ello es importante conocer el proceso. En este artículo, te lo explico todos los detalles.
La amenaza de Trump ha frenado de llegada de más inmigrantes y ha generado temor en quienes viven en el país sin papeles. Por su parte, la saliente gestión de Joe Biden ha aplica la mayor deportación de la década en el 2024: expulsó a 271.484 migrantes a más de 192 países alrededor del mundo, de acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La deportación ocurre cuando un extranjero no cumple con las leyes de Estados Unidos. El proceso de expulsión puede ser largo y complejo, afectando a miles de inmigrantes cada año.
De acuerdo con el portal USAgov, un extranjero puede ser detenido y deportado si:
A continuación, detallamos las etapas principales del procedimiento de deportación y las variables que influyen en su duración y resultado con base en información de Uscis y CNN.
Cuando una persona es detenida por las autoridades migratorias, generalmente es trasladada a un centro de detención de inmigración. Este es el punto de partida del proceso de deportación. Desde aquí, podrían pasar incluso años hasta que el caso sea revisado por un juez de inmigración.
El tiempo promedio para que un caso de deportación llegue a un tribunal de inmigración es de 1,016 días, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse. Esto equivale a casi tres años de espera.
No obstante, algunos casos pueden resolverse más rápidamente, como los de “extranjeros que no pasaron por un control migratorio al entrar al país” o aquellos que violaron requisitos migratorios. Estas personas podrían enfrentar una “deportación expedita”, sin audiencia ante un tribunal.
El programa “Rapid REPAT” es otra vía para agilizar el proceso. Este permite a extranjeros que cometieron delitos no violentos regresar voluntariamente a su país de origen, evitando la detención prolongada.
Cuando un caso llega finalmente a un tribunal de inmigración, un juez revisa las pruebas y emite una decisión. Si el juez ordena la deportación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es el encargado de ejecutar la orden.
Antes de ser deportada, una persona podría optar por una “salida voluntaria”, cubriendo sus propios gastos para abandonar el país. Si esta opción no es viable, el gobierno asume los costos de la deportación.
Es posible apelar algunas órdenes de deportación. Para ello, es crucial buscar asistencia legal, ya sea a través de abogados especializados o de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a asuntos migratorios.
Si una persona considera que sus derechos civiles han sido violados durante el proceso de inmigración, detención o remoción, puede presentar una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Tom Homan, quien será el “zar de la frontera” de Donald Trump, explicó a “Sunday Morning Futures” de Fox Business que el plan le costaría a Estados Unidos -como mínimo- US$86,000 millones.
De acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE), estimó en US$12,878 el costo promedio de aprehender, detener, procesar, deportar transportar a su país de origen a un inmigrante indocumentado.
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