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La conflictividad social en el país alcanzó a las coberturas de riesgo político para los sectores económicos más expuestos a ella, como la actividad minera, y sus precios se elevan.
Casi todas las empresas grandes y medianas de diversos sectores económicos contratan seguros de propiedad, que incluyen la protección de violencia política.
Pero en algunos negocios, como la minería, se separó las coberturas de violencia política de las pólizas de propiedad por problemas sociales en el país, señaló el líder regional de minería para Latinoamérica y el Caribe de Marsh, César Kahatt.
Ello, que se inició en diciembre del 2022, también sucedió en aeropuertos y, en menor medida, en energía, entidades estatales y supermercados, expresó. “Se trata de sectores expuestos a asuntos de conflictividad social y con incrementos en sus precios”, dijo.
Las pólizas de propiedad cubren (los riesgos de) incendios, terremotos, lluvias, huracanes, inundaciones (coberturas multiriesgos); mientras que la cobertura de violencia política brinda protección ante riesgos de daños maliciosos, vandalismo, huelgas, conmoción civil y terrorismo, precisó.
Así, a partir del 2022, las empresas mineras en operación contratan la cobertura de violencia política de forma independiente, detalló.
Se separaron los seguros de violencia política de los de propiedad, pues los precios de los primeros aumentaron, lo que se observó en las renovaciones de esas coberturas en la minería en diciembre del 2022 y verano del 2023, cuando “vinieron incrementos importantes”, comentó.
Entre fines del 2022 e inicios del 2023, hubo muchas manifestaciones (conflictividad social) en el país, y ocurrieron daños menores en algunos campamentos (mineros), aunque el momento, la coyuntura y las posibilidades de que se pudiesen generar daños relevantes en las minas, hicieron que los precios (de la protección de violencia política) subiesen, explicó.
Tras el fallido golpe de Pedro Castillo en diciembre del 2022, y la asunción de Dina Boluarte como mandataria, hubo movilizaciones en el país que extendieron hasta el verano del año pasado.
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Seguros se encarecen por eventuales conflictos de mineras con comunidades
En el ámbito minero, de las 50 firmas grandes en etapa de operación, cinco dejaron de adquirir la cobertura de violencia política, tras la separación de esta protección de los seguros de propiedad, indicó Kahatt.
En minería, los incrementos en los precios (de los seguros de propiedad y violencia política) obedecen, además, a la posibilidad de inconvenientes en la relación con las comunidades aledañas a las operaciones (de las mineras) y con la minería ilegal, manifestó la directora de Riesgos Generales de Mapfre, Laura Arboleda.
En diciembre del 2023, los precios de esta protección (violencia política) se estabilizaron e incluso se observaron algunos descuentos menores en algunas renovaciones de los clientes mineros, pues hay un mejor clima social y político, dijo Kahatt. “Así, se espera que algunas mineras que, operando, dejaron de contratar esta cobertura (violencia política), se animen y las compren de nuevo”, refirió.
Según la Defensoría del Pueblo, en diciembre último se registraron 215 conflictos sociales, de los cuales 168 se encuentran en condición de activos (expresados vía demandas públicas) y 47 latentes (silenciosos o inactivos).
De esos 215 conflictos sociales, 134 fueron socioambientales y de esta última cifra, 90 casos correspondieron a conflictos relacionados a la actividad minera seguida por 28 conflictos en el ámbito de los hidrocarburos.
Los especialistas manifestaron que no es posible estimar el precio de los seguros de propiedad y violencia política para la minería, pues varían dependiendo de diferentes factores, como la ubicación de las instalaciones mineras, o si se trata de unidades mineras a tajo abierto o en socavón, entre otros.
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¿Qué pasará con los precios de las pólizas de violencia política este año?
En ese contexto, Kahatt prevé que en las renovaciones del 2024, los precios de los seguros de violencia política empiecen a disminuir ante la menor conflictividad social frente a lo acontecido a fines del 2022 y verano del 2023. “Incluso en la región también bajarían los precios de estas coberturas”, agregó.
Sin embargo, Arboleda consideró que los precios de los seguros multirriesgos (para empresas) y de violencia política en general continuarían al alza este año, incluidas tales coberturas para las firmas mineras, hasta que se estabilice la situación en el país.
Los países de la región en general se afectaron con el alza de los precios de las protecciones de riesgo político por la conflictividad social, pero también en líneas de coberturas catastróficas, pues se ven con más frecuencia que antes eventos de la naturaleza, refirió. “No es solamente Perú, sino a nivel mundial, los precios de los seguros están al alza”, dijo.
Por su parte, Kahatt aseveró que la inflación también afectó los precios de los seguros (de propiedad y violencia política) en los dos años previos, aunque en menor intensidad en el 2023 pues la inflación descendió, sostuvo Kahatt. “Por ejemplo, los activos se apreciaron y la prima se calcula en base al valor de los activos”, acotó.
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Mineras en exploración y comercios pequeños
En las mineras en exploración que deciden tomar seguros de propiedad, es posible que las aseguradoras les acepten brindarles cobertura de violencia política incluida en los primeros, considerando que este tipo de mineras todavía no posee un valor relevante de activos, pues aún no construyen sus minas, afirmó.
Por lo general, el seguro multirriesgo se vende en forma conjunta con la cobertura de violencia política, comentó Arboleda.
Los pequeños comercios, asimismo, adquieren sus seguros de propiedad, que incluye violencia política, y muchas veces con seguro de robo, pues es algo que a estos los afecta más, como los asaltos en sus locales, añadió Kahatt.
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Composición de las coberturas de riesgo político
Dentro de las coberturas de riesgo político, están los seguros de violencia política, que son los más contratados por las firmas en el país, incluidas las mineras, sostuvo.
Por ejemplo, una manifestación puede derivar en que personas ajenas a la empresa ingresen a las instalaciones rompiendo y dañando los activos, e incluso pueden ocasionar una paralización de la producción y, por tanto, pérdidas por dejar de producir (lucro cesante), consideró el ejecutivo.
“Las pólizas cubren los daños al activo y las pérdidas que se pueden tener por dejar de producir como consecuencia de los daños”, dijo.
Figuran también los seguros de negación de accesos, dentro de las coberturas de riesgos políticos, que protegen a las compañías cuando hay movilizaciones, bloqueos de carreteras e impedimentos de acceso a las instalaciones, pero sin daño material, indicó. “Es una póliza poco contratada en el país y con costos bastante altos”, agregó.
Otro de los seguros de riesgos políticos son las coberturas de expropiación por temor, por ejemplo, a que un gobierno pueda expropiar las firmas privadas, precisó. “Se trata de un seguro poco frecuente en el país y con costos altos”, finalizó.
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