Rutas de Lima Puente Piedra. (Foto: GEC)
Rutas de Lima Puente Piedra. (Foto: GEC)

se refirió a las declaraciones dadas por el alcalde de Lima, , el día de ayer, y considera a estas como un acto contrario a las reglas que deben imperar en un Estado de Derecho.

“Es grave que una autoridad política en funciones fomente la saturación de los servicios judiciales del Estado con recursos legales, tendientes a desconocer de facto un contrato de concesión vigente y ratificado por dos laudos internacionales, así como a las medidas cautelares otorgadas por un tribunal arbitral actualmente en funciones”, indica en su comunicado.

Además, señala que tales declaraciones “son una nueva muestra del clima de hostilidad permanente que viene promoviendo elcontra nuestra operación, en perjuicio de Rutas de Lima y sus inversionistas”.

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El burgoamaestre reiteró que la compañía y sus accionistas “seguirán adoptando todos los recursos legales que estén a su alcance, en el ámbito nacional e internacional, para hacer valer sus derechos frente a esta situación”.

¿Qué dijo López Aliaga?

El señaló el día de ayer que “es un tiempo histórico” el que vive los distritos de Lima Norte debido al arbitraje con el concesionario Rutas de Lima.

“Me sorprendió mucho que no hubiera habeas corpus, no hubiera acciones de amparo, pedidos de nulidad de acto jurídico, que es el caso específico que ustedes han logrado (...) Los señores tienen razón, le han quitado los derechos fundamentales a la vida, al libre tránsito, a la salud, a la educación, a todo, son siete derechos fundamentales. No hay vía alterna. Es una tomadura de pelo este contrato”, dijo López Aliaga durante una conferencia de prensa.

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“Insto a todas las asociaciones que presenten sus habeas corpus. Hay que inundar el Poder Judicial de , de acciones de amparo, de nulidad de acto jurídico porque tienen que sentir la presión. La está atada de manos por el arbitraje, pero ustedes no”, añadió.

Finalmente, el burgomaestre invocó a los magistrados del a “hacer justicia” y resaltó que este puede “definir claramente y para siempre” la corrupción que afecta a terceros.

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