Marita Barreto volvió como coordinadora del EFICCOP tras la suspensión de Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Marita Barreto volvió como coordinadora del EFICCOP tras la suspensión de Patricia Benavides. (Foto: Andina)

El fiscal de la Nación interino, , respaldó la labor que viene realizando la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), , quien investiga al entorno de la suspendida Patricia Benavides.

“Estamos de acuerdo con que continúe las investigaciones a cargo de este equipo especial, y respaldamos a todos los equipos especiales, a sus coordinadores, así como también a los fiscales superiores coordinadores”, dijo en entrevista con RPP, tras precisar que él no fue quien repuso a Barreto en su cargo, sino su colega, .

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En ese sentido, cuestionó la decisión adoptada por Benavides para apartar a Barreto del EFFICOP en medio del allanamiento al Ministerio Público en marco del operativo ‘Valkiria V’.

“Todos hemos visto que, al parecer, no había razones suficientes para ello”, sostuvo.

Villena también respaldó al Equipo Especial Lava Jato y recordó que este grupo de trabajo sigue bajo la coordinación de la adjunta del suspendido , por lo que consideró que no era necesario nombrar a algún reemplazo.

Sin embargo, sí criticó la labor del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, al recordar que su despacho no ha tomado acciones en casos cuestionados donde fiscales no han actuado con diligencia.

“Por lo menos, podría decir que no he visto una mejora en lo que es el control”, acotó.

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Rechaza inhabilitación de Ávalos

En otro momento, Villena se pronunció en contra de . A su juicio, la decisión del Parlamento no fue la correcta, puesto que se fundamentó en la interpretación discrecional de una norma.

“Es una decisión que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma y, por ello, jueces (y) fiscales no podrían ser sancionados (…) si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No”, apuntó.

Explicó que dichas interpretaciones sí constituyen delitos cuando “se aplican normas derogadas” o “se invocan pruebas que no existen”.

“En mi concepto, creo que (lo actuado por el Congreso) no era lo debido”, subrayó.

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