Poder Judicial amplía investigación contra José Luna Gálvez por 12 meses más

El fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez, seguirá siendo investigado por 12 meses más en el marco del caso de las presuntas irregularidades en la inscripción de dicho partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así lo decidió el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo de Jorge Chávez Tamariz, tras declarar fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público en este caso.

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De esta manera, ahora la investigación preparatoria iniciada contra el legislador y otras cinco personas culminará el próximo 13 de diciembre del 2024.

Durante este lapso de tiempo, la Fiscalía tiene previsto analizar las diversas pericias grafotécnicas realizadas a documentos que involucran a los investigados, así como llevar a cabo el levantamiento de las comunicaciones de estas personas, entre otras diligencias programadas.

Además de Luna Gálvez, en el presente caso están involucrados el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, el exlegislador José Luna Morales, así como Luis Navarrete Santillán, Óscar Nieves Vela y Laura Silva Seminario.

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¿De qué se le acusa a José Luna Gálvez?

La Fiscalía investiga a Luna Gálvez por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal y otros a raíz de la presunta compra de voluntades de los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin de concretar la designación de Castillo Meza en la ONPE.

También se le investiga por las irregularidades detectadas durante el proceso de recolección de firmas requeridas para la inscripción de Podemos Perú ante el JNE.

Se le sindica de haber influido en el desactivado CNM para designar a Castillo Meza como jefe de la ONPE. Cabe recordar que este funcionario posteriormente fue destituido del cargo por omitir el control oportuno en el procedimiento de verificación de firmas para la inscripción del partido de Luna Gálvez.

El legislador también afronta otra pesquisa por los presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS que habría recibido para financiar las campañas electorales de Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014.

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