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Una semana después de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara su reposición como procuradora general del Estado, María Caruajulca acudió esta mañana a la sede principal de dicha institución, ubicada en San Isidro, para asumir nuevamente sus funciones; sin embargo, no la dejaron ingresar al recinto.
La abogada, quien llegó al lugar junto a su abogado y un grupo de policías, intentó ingresar al piso 8 de la Procuraduría General del Estado (PGE), en donde se encontraba su oficina, pero le impidieron el paso.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) informó en un comunicado que no ejecutó el fallo dispuesto por el Poder Judicial porque considera que se “genera controversia jurídica” con el nombramiento de Javier Pacheco en la PGE, a inicios de mayo pasado.
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“El Estado, a través de sus órganos de defensa (Presidencia del Consejo de Ministros, MINJUSDH y Procuraduría General del Estado), ha comunicado a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima que la ejecutabilidad de dicha decisión cautelar ha generado una controversia jurídica que afecta la institucionalidad del citado cargo público, en atención a que éste se encuentra ocupado actualmente por Javier Pacheco, designado con las formalidades de ley”, se lee en el texto.
Además, agregaron que el fallo judicial en favor de Caruajulca “no especifica la forma en la que el contexto actual, que es distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar, coadyuvaría con su ejecutabilidad”.
Ante esta situación, desde el Minjus precisaron que se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han sido ingresados ante la mesa de partes del colegiado y en que el expusieron con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado.
“El Estado es respetuoso de las decisiones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en el ejercicio regular de sus funciones y competencias”, finaliza el comunicado.
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Tomará su cargo “por grado o fuerza”
“No me están dejando ingresar (...) no me dan los motivos, pero es una pena porque con eso están demostrando su voluntad de que no quieren cumplir el mandato judicial”, acotó, tras precisar que acudirá al Poder Judicial a fin de comunicar esta postura asumida por la PGE.
La abogada también reiteró que fue ilegal su cese en el cargo bajo el argumento de pérdida de confianza. Esto, pese a que, según dijo, “las normas de la PGE de manera clara y precisa establece que a un procurador no se le puede retirar de su cargo por esa causal”.
Al respecto, defendió su gestión afirmando que siempre ha actuado conforme a la ley y con una trayectoria intachable de 30 años en la abogacía y 17 en la defensa jurídica del estado.
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